Niñas en peligro en tiempos de cuarentena

Ante el riesgo de contagio de COVID-19, y en el marco de la declaración de emergencia sanitaria, se suspendieron las consultas externas en todos los servicios de salud del primer nivel de atención, así como las atenciones en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), lo que desatendió las necesidades esenciales para la vida y la salud de miles de mujeres, afectó el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y puso en riesgo su vida y su salud, en particular de las niñas y adolescentes.

Durante toda la cuarentena, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recibió más de 67 mil llamadas, de las cuales el 25% estaban referidas a violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y muchas de ellas fueron realizadas por los propios menores agredidos. En este periodo y al cierre de junio, el MIMP contabilizó 513 violaciones sexuales contra niñas y adolescentes, cometidas por familiares cercanos (padres, padrastros, hermanos, primos, tíos) o vecinos al interior de sus hogares.

Niñas convertidas en madre

A diferencia de las mujeres adultas, una niña o adolescente embarazada producto de una violación sexual enfrenta mayores complicaciones físicas y emocionales durante este proceso. Una niña entre 10 y 14 años tiene 4 veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta.

La mayoría padece de anemia, náuseas, vómito e infecciones y sufren de complicaciones alrededor del momento del parto (principalmente, hemorragias e infecciones). Su salud mental también se ve afectada y atraviesan cuadros de depresión, ansiedad y estrés postraumático, en especial aquellas que fueron abusadas.

En este sentido, las consecuencias de esta maternidad forzada afectan todo su desarrollo personal. Ocho de cada diez niñas y adolescentes embarazadas abandonan la escuela para asumir las tareas de cuidado, se verán forzadas a trabajar en actividades mal remuneradas, por lo que perpetuarán el ciclo de pobreza en el que nacieron.

Kits de emergencia

En marzo del 2019 se aprobó una directiva del Ministerio de Salud (Minsa) que establece la entrega de Kits para la Atención de Casos de Violencia Sexual, cuya distribución y entrega debe realizarse de manera gratuita en todos los establecimientos de salud.

Estos kits incluyen pruebas de descarte de infecciones de transmisión sexual (ITS), antirretrovirales, la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) y, en el caso de embarazo, la evaluación médica para acceder al aborto terapéutico. Asimismo, en abril del 2019 se aprobó el Protocolo de actuación conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer y los establecimientos de salud para personas afectadas por violencia sexual, que refuerza la norma anterior y establece, en el caso de las víctimas embarazadas, la implementación del aborto terapéutico.

Hasta la fecha, no hay un informe oficial de cuántos kits de emergencia se han entregado a niñas y adolescentes violadas en la cuarentena. Ni el Ministerio de Salud (MINSA) ni el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) han informado al respecto.

“El Estado debe garantizar que todas las niñas puedan vivir una niñez plena, saludable y segura para que su desarrollo personal, social y económico no se interrumpa y alcancen un futuro que las beneficie a ellas, a sus familias y al país en su conjunto”, señaló Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex.