El expresidente vacado Pedro Castillo Terrones solo llevaba consigo su Documento Nacional de Identidad (DNI) y S/ 1.500 al momento de ser detenido por el personal de Seguridad del Estado que lo acompañaba desde su salida de Palacio de Gobierno. De acuerdo a fuentes de La República, no se encontró un celular personal o de trabajo en su poder.
Tras anunciar —durante un mensaje a la nación— el cierre del Congreso de la República, Pedro Castillo se dio cuenta de que su plan había fracasado al no contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las cuales emitieron un comunicado conjunto en rechazo del golpe de Estado.
Asimismo, las principales instituciones del país como el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación condenaron el plan de forzar el cierre del Parlamento. Esto obligó a Pedro Castillo a abandonar Palacio de Gobierno junto a su familia rumbo a la embajada de México con la finalidad de solicitar un asilo político.
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Dos vehículos transportaron al exmandatario. Castillo Terrones iba acompañado de su esposa, Lilia Paredes, y de su ex primer ministro Aníbal Torres, quien horas después asumiría su defensa legal.
Fue el mayor PNP Luis Alarcón Trujillo, quien lideraba la escolta policial de Seguridad del Estado que acompañaba a Castillo Terrones, quien dio aviso a las autoridades del plan de ir a la embajada de México. Sin embargo, recibió la orden de sus superiores de proceder con la detención, las cual se hizo efectiva en intersección entre la av. Garcilaso de la Vega y la av. España, para luego ser llevado a la Prefectura.
Durante la noche del miércoles 7, miembros de la Fiscalía llegaron hasta las instalaciones de Palacio de Gobierno para realizar diligencias luego de que Pedro Castillo realizara un golpe de Estado. Estuvieron presentes la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de la Fiscalía. Así como la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
Se pudo apreciar que miembros de la Fiscalía retiraron diversas cajas con documentos como parte de las diligencias, las cuales dan inicio a las investigaciones contra Castillo Terrones. También se intervino la sede de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), intervención que estuvo a cargo del fiscal adjunto supremo Elmer Ríos Luque, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.