Nelson Shack sobre pérdida de S/ 24.000 millones por corrupción: “Equivale a dos carreteras centrales”

Comparación. Nelson Shack, contralor general de la República, se refirió a la pérdida de aproximadamente S/ 24.000 millones producto de la corrupción e inconducta funcional, mostrada en el “Balance del control gubernamental del primer semestre 2022 y resultados de la estimación de la corrupción 2021″, elaborado por la Contraloría.

Durante un diálogo en Exitosa, Shack señaló que dicho informe es producido para medir “el tamaño de la pérdida por corrupción”, que para el titular de la Contraloría sería “el problema estructural más importante que tiene el Estado peruano no de ahora, sino de hace muchas décadas atrás”.

“El año pasado hemos podido verificar que se han perdido S/ 24.200 millones de soles. Para tener una idea más clara de la dimensión, esta pérdida es el equivalente a tener dos carreteras centrales no como la actual que tenemos, sino como las que se van a construir con autopistas con dos de ida, de vuelta, túneles y obras de arte. Esa obra cuesta aproximadamente S/ 12.000 millones de soles. Prácticamente, hemos perdido el equivalente a dos. Esta plata nunca llegó a los ciudadanos”, explicó el funcionario.

Nelson Shack explicó que estas pérdidas por corrupción ocurren desde el año pasado, cuando se perdió un 13,3% del presupuesto público en problemas de corrupción. También hubo sobrevaloración y deficiencias en contratación de bienes y servicios, sobre todo obras.

“Esto es más que el año pasado. El Estado no es un banco al cual lo podemos asaltar. Para robarle al Estado tenemos que ejecutar los recursos presupuestales vulnerando los distintos procedimientos y torciéndolos para priorizar el interés privado, el interés individual en vez del interés colectivo. Es por eso que, a medida que haya mayor ejecución de gasto, si no hacemos lo que tenemos que hacer, naturalmente la pérdida va a ser mayor”, acotó.

Anteriormente, el contralor informó que durante el primer semestre del 2022 se identificó la presunta responsabilidad de hechos irregulares en más de 2.000 funcionarios públicos, lo cual habría generado un perjuicio al Estado de S/ 430 millones.