Congreso: de 3 proyectos, solo Jorge Montoya sustentó pedido para denunciar el Pacto de San José

La arremetida del Congreso de la República contra las instituciones internacionales que tienen como rol la defensa de los derechos humanos parecía avanzar con peligrosa rapidez hasta este martes 12 de septiembre, fecha en que la Comisión de Constitución y Reglamento —presidida por la fujimorista Martha Moyano— puso en su agenda la sustentación de tres proyectos para concretar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, solo se presentó Jorge Montoya en representación de la bancada de Renovación Popular.

También estaban programados Segundo Montalvo, de Perú Libre, y Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, pero ambos enviaron un documento a la presidencia de la Comisión de Constitución para informar que no se presentarían. Con sus diferencias, ambas iniciativas buscan —al igual que el proyecto de Montoya— denunciar al Pacto de San José de Costa Rica, un tratado internacional que vela por los derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados miembros.

De acuerdo a lo expuesto por Jorge Montoya, su iniciativa persigue la recuperación de la soberanía nacional en cuanto a la resolución de conflictos internos. Como ejemplo puso la respuesta del Congreso de la República y demás instituciones del Estado ante el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022: “El Estado peruano no necesita ser tutelado”.

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En este sentido, el vocero de Renovación Popular acusó a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de “haberse politizado” y adoptar una ideología de izquierda, cuyas sentencias han resultado contraría a los intereses del Estado. “Si denunciamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, no pasaría nada”, dijo.

Reacción frente arremetida contra los derechos humanos

En respuesta, Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, cuestionó que la propuesta presentada por Renovación Popular colisione con los plazos de preaviso y aviso establecidos en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El proyecto no respetaría los aspectos técnicos y legales fijados para una eventual denuncia al Pacto de San José. En tanto, Margot Palacios de Perú Libre, también consideró que la iniciativa atenta contra la Constitución Política del Perú, al dejar de lado el concepto de que “el fin supremo es la persona humana”.

Por su parte, Hamlet Echevarría (Cambio Democrático-JPP) lamentó que el Parlamento le abra la puerta del debate a un tema que pone en peligro la defensa de los derechos humanos: “Lamento que se estén debatiendo temas de este tipo sabiendo que los derechos humanos no son debatibles, ni irreversibles. Es una aberración, un absurdo jurídico”.

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Aunque con algunas discrepancias de forma, el fujimorismo —a través de Patricia Juárez— respaldó la iniciativa de Montoya: “Tendríamos que analizar el costo-beneficio de estar en este sistema, tal vez deberíamos repensar algunas cosas que nos están generando más perjuicios que beneficios”.

Finalmente, pese a que también estaba en agenda, tampoco se sustentó el proyecto de la congresista Rosselli Amuruz, de Avanza País, que propone normar el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).