El Congreso de la República aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda acusar penalmente a la excongresista aprista Luciana León Romero por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso, a fin de que el Ministerio Público pueda continuar con las investigaciones por el caso de Los Intocables Ediles.
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La exlegisladora previamente se presentó —este jueves 15— ante el Pleno para ejercer su defensa en compañía de su abogado Humberto Abanto. Hizo un llamado a defender el fuero parlamentario y les recordó a los congresistas presentes en el Hemiciclo que más adelante ellos podrían estar en su lugar. Su defensa no terminó influyendo en la posición de las bancadas sobre su caso.
En cuanto a las votaciones, estas se realizaron de manera individual por cada delito: tráfico de influencias agravado (73 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones), cohecho pasivo impropio (74 votos a favor, a en contra y 3 abstenciones) y peculado doloso (75 votos a favor, a en contra y 3 abstenciones).
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En el año 2020 se revelaron una serie de chats en los que se determinó que la excongresista aprista Luciana León gestionaba reuniones con diferentes ministros del Ejecutivo a fin de apoyar a su hermano Rómulo León Romero, quien a su vez estaba implicado con el financista de la banda criminal Los Intocables Ediles, de La Victoria.
La exparlamentaria León habría hecho uso de su influencia a fin de cuadrar encuentros entre los ministros de Salud, Energía y Minas, y Vivienda con su hermano. En esta ocasión, la SAC no ha planteado una inhabilitación para el ejercicio de la función pública, como sí se estila en otros casos.