Solo 8% dice que cree mucho en el Gobierno y 1% en el Congreso, según IEP

La última encuesta telefónica realizada en agosto por el Instituto de Estudios Peruanos revela niveles preocupantes sobre la confianza que depositan los ciudadanos en instituciones como las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, la Fiscalía de la Nación, el Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso.

A la pregunta que se hizo a los encuestados sobre la confianza que tienen en el Gobierno, 8% respondió que cree mucho, 21% dijo que cree algo, 28% poco y 42% indicó que no cree nada en el Gobierno.

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En el caso del Congreso de la República, las respuestas fueron reveladoras: 1% sostuvo que cree mucho, 14% algo, 27% poco, y 57% no cree nada; resultando ser la institución con menor credibilidad.

Respecto a la confianza que depositan en otras instituciones, 27% respondió que confiaba mucho en las Fuerzas Armadas.

Otro 11% eligió a los medios de comunicación. 9% se pronunció por la Fiscalía de la Nación. Un 4% dijo que confía en el Poder Judicial.

En cuanto al ámbito, aparece que quienes más confían en las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la Fiscalía de la Nación se encuentran en Lima metropolitana y en el norte del país. Y se trata de jóvenes entre 18 y 24 años que pertenecen a niveles socioeconómicos A y B. Los que confían poco o nada en estas tres instituciones residen en el centro y sur del país.

Lima expresa la menor confianza en el Gobierno.

Este sondeo de opinión pública también evidencia que los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial inspiran una menor confianza que los medios de comunicación o las Fuerzas Armadas.

Poca fe en el Estado

El analista Samuel Rotta Castilla mencionó que estos datos son la expresión de una crisis profunda de fragmentación entre lo social y lo público, entre la ciudadanía y el Estado.

Consideró gravísimo el hecho de que el Gobierno, el Poder Judicial y el Poder Legislativo tengan tan bajo apoyo.

“El Poder Judicial encabeza el sistema de justicia y si la gente no confía en quien administra justicia, la posibilidad de construir un sentido de comunidad es precario. Y en el Congreso se han esforzado en dar señales de desvinculación con la ciudadanía. Esta situación sin duda es una amenaza para nuestra frágil democracia. Son elementos de una crisis profunda de descreimiento de la ciudadanía hacia el Estado”, precisó Rotta Castilla con inevitable preocupación.