Esta es la experiencia de 4 países que militarizaron la seguridad ciudadana

La polémica propuesta es analizada en esta nota especial de LaRepublica.pe en base a las experiencias de los países de República Dominicana, El Salvador, México y Argentina., Ante la creciente percepción de inseguridad ciudadana, cada vez gana más popularidad la propuesta de que las Fuerzas Armadas combatan la delincuencia; sin embargo, las experiencias de los países en donde se ha militarizado esta labor demuestran consecuencias inesperadas. LaRepublica.pe presenta cuatro casos de países de la región en donde se ha llevado a cabo esta idea. PUEDES VER: Pedro Cateriano: "No es buena señal militarizar el país" 1. La experiencia de la República Dominicana En su artículo "Encarando al Jano bifronte: ¿reforma o militarización policial?", la investigadora Lilian Bobea, cuenta que encontró que la tasa de muertes violentas en este país pasó de registrar 13.9 por 100 000 habitantes en el 2000 a casi duplicarla a tasa de una de 26.7 muertes en el 2005. Igualmente afectada se vio la percepción de la seguridad ciudadana. Según las encuestas Demos del año 2004 y LAPOP de 2006, el porcentaje de ciudadanos que afirmaban sentirse seguros pasó del 42 % en 1994 al 79 % para el año 2006. Ante este fenómeno regional (El Caribe pasó de registrar las tasas más bajas de homocidios en Latinoamérica a tener las más altas en menos de una década) el entonces presidente Leonel Fernández impulso en el año 2005 una reforma de seguridad pública cuyo fin era desmilitarizar a la policía. En el primer año de la implementación de esta reforma la tasa de muertes violentas decreció de 26.7 por cada 100 000 habitantes a tan solo 17 muertes. Asimismo por primera vez en su historia, la conducción de la política pública de seguridad estuvo a cargo de una instancia civil. 2. La seguridad en retroceso: El Salvador Un caso diferente es el de El Salvador, un país que vivió una de las etapas más duras de su historia por el conflicto armada de la década de 1980. En aquella época la seguridad pública se encontraba bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas; y la ejecución de la política criminal, por parte del Ministerio de Defensa. En 1996 se constituyó el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), se dispuso la constitución de la Policía Nacional Civil (PNC), la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre otras instituciones, para ponerle fin a la militarización de la seguridad ciudadana. Sin embargo, se dejó la respuesta a las llamadas "amenazas emergentes" o "irregulares" a la seguridad pública (en particular el caso de las maras, pandillas relacionadas al narcotráfico) a los militares. Esta política fue fortalecida cuando el 2003, el presidente Francisco Flores implanta el "Plan Mano Dura" permitiendo la colaboración de la PNC y la Fuerzas Armadas. Un año después el presidente Elías Antonio Saca continúa con el "Plan Súper Mano Dura" y en el 2006 el entonces Viceministro de Gobernación reveló el "Plan Antidelincuencial", de la misma corriente. Pero para que todos estos planes sean posibles, el Poder Ejecutivo tuvo que promulgar varios decretos excepcionales, abusando de este recurso constitucional y borrando las distinciones entre seguridad pública y la defensa nacional y debilitando a la institución policial, la justicia penal y el control civil. Así lo explicó el investigador Oscar Bonilla. 3. Guerra contra el narcotráfico: el error de México De acuerdo con los investigadores Gaston Chillier y Laurie Freeman, en el caso de México la militarización de la seguridad ciudadana respondió principalmente a dos factores: la lucha contra las drogas y la asignación de militares en labores sociales, protección ecológica y en casos de desastres naturales. Sin embargo, los resultados en torno al combate al narcotráfico dejan mucho que desear. Pese al alto grado de autonomía en las decisiones con la que cuentan los militares en este país (o quizás justamente por eso), lo cierto es que hasta ahora este país sigue sufriendo los estragos de una guerra antinarcotráfico que parece que no va a acabar nunca (solo hasta el 2011 se contaron 50 mil muertos producto de esta). A la falta de supervición civil a las Fuerzas Armadas se suma la falta de una participación activa por parte del gobierno mexicano en la organización de esquemas de seguridad internacional para atacar en conjunto el narcotráfico y el lavado de dinero desde su ruta: que comienza en los andes (Colombia, Perú y Bolivia) y continúa hasta los territorios de consumo (Estados Unidos, Europa). Un caso similar es el que vive respecto a la entrada ilegal de armas del sur de Estados Unidos que ha alimentado las actividades criminales del país. 4. La creciente militarización en Argentina Un caso interesante es el que se vive en Argentina, en donde la creciente percepción de inseguridad en la población conllevó al apoyo a un mayor involucramiento de la Gendarmería Nacional en la seguridad ciudadana (esta institución, por su estructura y su doctrina, es más similar a una institución castrense que a un órgano policial) así como la creación de políticas restrictivas de la libertad (el decrecimiento de la imputabilidad de 16 a 14 años es un buen ejemplo). El problema con este enfoque es que al igual que los otros casos se busca solucionar un problema complejo formado por diversas aristas con una política represiva que en la práctica se muestra no solo ineficiente en la aplicación de la justicia sino también contraproducente (aumenta el nivel de "inseguridad" así como el número de asesinatos violentos). El investigador Flabián Nievas explica que esta política (y su aprobación por parte de la población) crea las condiciones para que la violencia estatal se ejerza con mayor fluidez, poniendo en peligro la institucionalidad del país y la democracia. Actualmente un gran conjunto de investigadores concuerdan en que la integración de los militares en la seguridad ciudadana suele ser un desastre. La investigadora Lilian Bobea resume los principales peligros de esta propuesta: la penalización de los sectores más vulnerables de la sociedad, la puesta en peligro de las reformas de la seguridad, la banalización de un problema altamente complejo siguiendo una lógica simplista y el alejamiento de los ciudadanos del control de la seguridad. Con las elecciones del 2016 a la vuelta de la esquina, muchos candidatos buscan ganarse el favor de la población con propuestas como estas por lo que es necesario que la población este al tanto de lo que significaría su implementación para que luego no se sorprendan cuando descubran que el remedio sea más caro que la enfermedad.