La Defensoría del Pueblo respaldó hoy el mecanismo de la geolocalización aprobado por el Gobierno para la lucha contra la criminalidad, pero formuló algunas recomendaciones para su adecuada aplicación.
El organismo señaló que el decreto legislativo 1182 en su artículo sexto autoriza únicamente el acceso a datos de localización o geolocalización, excluyéndose expresamente la intervención de las telecomunicaciones.
Falta mayor regulación
Sin embargo, la Defensoría aclara que hay algunos aspectos que no han sido regulados en el decreto legislativo y que deberían ser aprobados en una norma complementaria por parte del Congreso.
Uno de ellos es el destino o destrucción de la información obtenida, cuando esta haya sido dejada sin efecto por el Ministerio Público o no haya sido convalidada por el Poder Judicial.
Esto con el fin de salvaguardar información que se encuentra dentro del ámbito del derecho a la privacidad de la persona afectada.
Finalmente sugiere la creación de un mecanismo que garantice a los ciudadanos no involucrados en actos delictivos investigados saber si sus equipos han sido geolocalizados.