La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha tomado medidas decisivas para combatir la criminalidad organizada en el país. A través de la Resolución n.° 2613-2024-MP-FN, se ampliaron las competencias de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) para investigar delitos graves como robo, extorsión, homicidio, y otros de naturaleza violenta.
Esta nueva disposición busca mejorar la eficiencia en la persecución de bandas criminales, lo que permite que las Fiscalías Supraprovinciales, Provinciales Corporativas y Provinciales Especializadas asuman casos donde intervengan tres o más personas. Con esta acción, el Ministerio Público reafirma su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana.
La norma también establece que las Fiscalías Superiores intervendrán en segunda instancia en los procesos relacionados con la criminalidad organizada, asegurando un enfoque integral en la lucha contra estos delitos. Este esfuerzo se alinea con los compromisos asumidos por la titular del Ministerio Público al asumir su cargo.
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Con la reciente resolución, las FECOR se convierten en actores clave en la investigación de delitos de banda criminal. La inclusión de delitos como el sicariato y el secuestro en su ámbito de competencia refleja la gravedad de la situación de seguridad en el país. La medida busca no solo desarticular bandas criminales, sino también prevenir la violencia que afecta a la población.
La intervención de las Fiscalías Superiores en segunda instancia es un paso significativo para asegurar que los procesos judiciales sean revisados con rigor. Esta acción permitirá un control más efectivo sobre las investigaciones y garantizará que se sigan los procedimientos adecuados en la lucha contra la criminalidad organizada.
En su ceremonia de juramentación como fiscal de la Nación, Delia Espinoza reveló su intención de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esta medida se enfoca en la reciente legislación aprobada por el Congreso, la cual concede a la Policía Nacional la autoridad para llevar a cabo investigaciones preliminares de delitos, una función que históricamente ha correspondido al Ministerio Público.
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Delia Espinoza enfatiza que la responsabilidad de la labor legislativa en el país recae en el Congreso, el cual tiene la potestad de aprobar leyes. Sin embargo, destaca la relevancia de considerar la participación de organismos autónomos, como el Ministerio Público, en este proceso. Este ente tiene la capacidad de realizar observaciones y manifestar desacuerdos sobre las normativas en discusión, desempeñando un papel de supervisión y ofreciendo una visión crítica sobre las leyes que se están promoviendo.
"La aprobación de la Ley 32130 se condice con el artículo 159 número 4 de la Constitución que señala que quien conduce la investigación es el Ministerio Público, el fiscal del caso, pero como decimos ya hay una ley aprobada, nadie se puede negar a cumplirla, pero también se anunció, está preparándose una demanda de inconstitucionalidad", indicó.