El factor Rafael López Aliaga
Socio sodálite. Antes de político, Rafael López Aliaga es empresario, y como tal ha sido socio del Sodalicio S.A. en varios emprendimientos, incluido uno que lo pone al filo de la ley: la puesta en marcha de un fideicomiso para proteger los bienes sodálites mientras los investiga la Fiscalía peruana y el Vaticano.
Por Paola Ugaz
La historia empezó meses después de que se revelara en La República cómo el factótum de Sodalicio S.A., que dirige el primer sacerdote católico, Jaime Baertl Gómez, se aprovechaba del concordato firmado entre Perú y el Vaticano para que los negocios del Sodalicio crecieran y engordaran bajo la sombrilla de la Iglesia católica.
El grupo económico necesitaba liquidez, porque muchos de los que habían invertido y prestado dinero al banco extraoficial del Sodalicio, que dirigía Jaime Baertl a cambio de intereses fuera de precio del mercado, querían su dinero de regreso.
El otrora Rafael López Aliaga es un empresario multipropósito, que tuvo notoriedad en los noventa por una gran pelea con su exsocio Lorenzo Souza. Y Jaime Baertl Gómez era un sacerdote que afrontaba un problema reputacional luego de la publicación de sus cuitas empresariales que antepuso con entusiasmo a su rol como religioso.
¿Cómo empezaron a trabajar juntos el hoy alcalde de Lima y el jefe de facto del Sodalicio S.A.? Había una afinidad en base a la fe entre ambos equipos de trabajo liderados por Rafael López Aliaga y el equipo del sacerdote Jaime Baertl Gómez. Entonces, la nave nodriza empresarial del Sodalicio, Inversiones San José, acude a Acres Investment –que fue fundada por López Aliaga en el 2011 y a la que renunció en 2019– y empiezan a buscar fuentes de financiamiento alternativo.
Desde el 2016, Mario Rivarola, el CEO de Inversiones San José, nombre corporativo del Sodalicio y sus empresas, es miembro de la empresa energética Nueva Esperanza Hydro, en donde fue también miembro López Aliaga hasta el 2019, y que hoy desarrolla dos centrales hidroeléctricas en el río Ayapata en Puno.
Ningún movimiento corporativo de Rivarola es ajeno para el primer sacerdote del Sodalicio, Jaime Baertl Gómez, quien fue el que lo encumbró como CEO de Inversiones San José y a quien confía el manejo del Sodalicio en Perú y fuera de él, a través del manejo de las off shore en Panamá, Denver (Estados Unidos) y las Islas Vírgenes británicas.
Además de esta asociación, consiguen en el 2016 que Acres Investment emita bonos que ascienden a 3,65 millones de dólares a favor de Inversiones San José y así capear el temporal. Lo que hasta hoy es un misterio es qué bienes se pusieron como garantía de los bonos emitidos.
La respuesta la tiene Inversiones San José SAC, que tras el escándalo mediático y en medio de la investigación de la Fiscalía se ha convertido en una “especie de SAFI”, es decir, se presenta como una entidad sin activos propios y que ahora administra y gestiona fondos de inversión.
Estirando el concordato al estilo Sodalicio
El big bang de los negocios en el Sodalicio fue en 1999, cuando gracias a una buena movida del sacerdote Jaime Baertl se hicieron con el cien por ciento del cementerio Parque del Recuerdo en Lurín. Hubo una cita cumbre presidida por Baertl para ver cómo sacarle el jugo al acuerdo firmado en 1980 entre el Estado peruano y el Vaticano, lo que se conoce como concordato, y que permite a las organizaciones católicas no pagar impuestos siempre que se trate de beneficios sin ánimo de lucro, para el bien de los feligreses.
Entonces, para que la figura fuese económicamente jugosa, buscaron, a través de abogados canonistas, la fórmula mágica. Si el concordato solo amparaba las diócesis, parroquias y misiones, forzando el derecho canónico, establecieron que los negocios del Sodalicio, es decir, los cementerios que gestionaban, serían en adelante ‘misiones’.
En el 2000, el abogado canonista peruano Carlos Valderrama encontró la receta ganadora al sostener la ficción de que un cementerio puede ser una ‘misión’, cuando esta es solo un territorio donde se anuncia el Evangelio, pero que aún no puede ser erigido en parroquia, como por ejemplo, lo que se cuenta en la película La misión protagonizada por Jeremy Irons y Robert de Niro.
El Sodalicio buscó que la ficción creada por Valderrama fuera refrendada a nivel canónico y por esa razón contrató a cambio de una buena suma de dinero la asesoría canónica del entonces arzobispo de Tarragona (España), Luis Martínez Sistach, en junio del 2000.
Es decir, hubo una transacción para que Luis Martínez Sistach (que luego fue nombrado cardenal) refrendara la tesis peregrina donde se funda el negocio del Sodalicio y, por ello, sostuvo que “no tiene ninguna dificultad” de que exista una relación entre la misión “cementerio católico Parque del Recuerdo” y la sociedad de vida apostólica.
Para el entonces arzobispo de Tarragona, “en los estatutos de la misión debería constar la personalidad jurídica de los cementerios en tanto que ‘misiones’, aunque estos no sean asociaciones de fi eles y solo puedan ser fundaciones, fi gura que tampoco va con la realidad.
Y así el verbo se hizo hombre, perdón, así nació la misión que se volvió intocable para el Estado peruano: la misión del cementerio Parque del Recuerdo en Lurín, y se adscribió al arzobispado de su jurisdicción; era católica para no pagar ningún impuesto ante el Estado y era, a su vez, una empresa privada, cuyos ingresos iban a las arcas de las empresas que dirige el sacerdote sodálite Jaime Baertl Gómez. Y, por supuesto, el lucro obtenido no se reinvirtió en obras de caridad sino que se blanqueó en off shores, empezando así una monumental estafa al Estado peruano y a la propia Iglesia católica.
Así comenzó el negocio. La Asociación Civil San Juan Bautista pidió a diversos obispos o arzobispos que constituyesen una misión católica, tras lo cual construían cementerios y luego los “donaban” a los arzobispados. ¿La condición? Revertiría a la Asociación Civil San Juan Bautista, organización del Sodalicio, si el Sodalicio dejaba de tener el control de la misión y de los flujos de dinero.
Rafael López Aliaga: de empresario a político, de político a empresario
Del 2007 al 2010, Rafael López Aliaga fue regidor en Solidaridad Nacional, el partido del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, y que López Aliaga fue tomando paulatinamente desde el 2019, cuando debutó, sin ganar ninguna curul, en las elecciones al Congreso del 2020 y que luego hizo suyo a finales del mismo año. Le cambio el nombre a Renovación Popular y presentó a su partido señalando que “la médula de nuestro estatuto (partidario) es Cristo”.
Al año siguiente, en el 2021, Rafael López Aliaga se lanzó como candidato a la presidencia por Renovación Popular. No le fue mal en el debut; sacó una bancada importante y casi pasa a segunda vuelta. En una entrevista que le hizo Marco Sifuentes, director de La Encerrona, dijo que “en el Sodalicio hay gente muy buena, conozco a gente muy buena, al padre (Jaime) Baertl, es una persona extremadamente buena, es muy santa, he ido a sus misas, a los hermanos Len”.
Lo que le faltó contar a los medios en aquella ocasión fue su expectante rol en el ecosistema de difamación donde sus excandidatos al Congreso como Luciano Revoredo, Edgardo Palomino Martínez y Jota Maelo forman parte del elenco que está detrás de las mentiras en la prensa, las denuncias penales y el uso de portátiles en puentes y frente a la Fiscalía y que piden que se detenga y se investigue en la Fiscalía a quien escribe y a mi colega Pedro Eduardo Salinas. Y que ambos investiguemos desde el 2011 al Sodalicio, la organización fundada por Luis Fernando Figari Rodrigo.
Tampoco Rafael López Aliaga reveló el rol de la empresa ACRES –de la que fue fundador– en el contrato de fideicomiso que realizó con el Sodalicio S.A. de Jaime Baertl y que se sostiene en la Fundación Santa Rosa (off shore del Sodalicio), que reemplazará a la Asociación San Juan Bautista –propietaria de los cementerios– en la relación jurídica si es que a esta última se le apertura alguna investigación en su contra, ya sea eclesial o fiscal.
Un Sodalicio en problemas, dado que empezó a ser investigado por una fi scalía de crimen organizado que iba a indagar sobre sus finanzas, inicia en el 2020, y gracias a Acres, una operación para que, a través de la Asociación Civil San Juan Bautista, vehículo del Sodalicio que es propietaria de los cementerios, revierta las donaciones y, de esta forma, recuperar los cementerios que estaban a cargo de las misiones.
Según IDL Reporteros, Rafael López Aliaga es investigado por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos, por lo que ha hecho Acres Investment y que fue revelado en ‘Panama Papers’.
Al respecto, el abogado Klever Espinoza, le dijo a La República: “Lo que buscan es constituir un fideicomiso de titulización. Y este mecanismo lo que busca es ser una herramienta para lograr financiamiento, darle garantía de que van a financiar lo que el constituyente quiera financiar”.
“Sin embargo, no es usual que se pacte en el contrato del fideicomiso que en caso de que se dicte una medida judicial o de alguna autoridad, el patrimonio pasa a ser controlado por un tercero, ahí estaríamos hablando de una figura que se sale de lo que se espera, porque además no se estaría buscando garantizar a los que financian, sino que estaría buscando alejar al patrimonio de la acción de alguna autoridad o de la justicia”, refiere Espinoza.
“Sin embargo, no es usual que se pacte en el contrato del fi deicomiso que en caso de que se dicte una medida judicial o de alguna autoridad, el patrimonio pasa a ser controlado por un tercero, ahí estaríamos hablando de una figura que se sale de lo que se espera, porque además no se estaría buscando garantizar a los que financian, sino que estaría buscando alejar al patrimonio de la acción de alguna autoridad o de la justicia”, refiere Espinoza.
¿A qué le tiene miedo el Sodalicio? ¿A perder sus negocios? ¿O a perder la fortuna que han hecho aprovechándose del concordato para reparar a las víctimas?
El hecho de que hayan hecho de los cementerios “misiones” para no pagar impuestos y cuando se vieron amenazados los metieron en un fideicomiso demuestra de facto que la fi gura de la misión era un vehículo que se hizo y se deshizo a su conveniencia.
Entonces, ¿es coherente con las leyes de la Iglesia católica que la fundación Santa Rosa adquiera la titularidad de bienes cuando su propietario es investigado por la Iglesia católica o por la Fiscalía? Además, estas acciones son contrarias a la legislación de Colorado, Estados Unidos, donde está registrada Santa Rosa.
En consecuencia, si la Iglesia católica decide iniciar alguna acción legal contra los responsables del manejo económico del Sodalicio, tiene la posibilidad de expropiarles los cementerios que existen en todo el país y cuya facturación la convierte en el principal cementerio privado del Perú y una de las más importantes de América Latina.
La misión enviada por el papa Francisco formada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y Jordi Bertomeu, y cuyo plazo de investigación acaba pronto, tiene ante sí la inmensa tarea de señalar cómo se instrumentalizó el Estado peruano a favor del Sodalicio S.A. y cómo hasta hoy continúan con la inacabable tarea de esconder el dinero para no reparar a sus decenas de víctimas que siguen aún esperando una respuesta.
