Este 21 de mayo, la abogada María Caruajulca envío una carta notarial al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, con la finalidad de que sea restituida en el cargo como procuradora general del Estado. En horas de la mañana, la letrada no pudo ingresar a la sede principal de la referida institución debido a que personal de seguridad le restringió el acceso.
Caruajulca llegó a la sede de la Procuraduría para acatar la orden judicial que le permitía regresar a sus funciones como procuradora general del Estado en lugar de Javier Pacheco. Vale precisar que este último lunes 20 de mayo, la letrada le envió una carta al todavía titular de la PGE indicándole abstenerse a realizar acciones al mencionado cargo.
"A partir de las 00.00 horas del día 21 de mayo 2024, se abstenga de realizar cualquier acción única, exclusiva y excluyente competente al procurador general del Estado y de la Presidencia del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado; caso contrario, como procuradora general del Estado se tomarán las acciones legales que correspondan, conforme a ley", se lee en la carta notarial enviada por María Caruajulca a Javier Pacheco.
Mediante la Carta Notarial 215664, la abogada María Caruajulca le solicitó al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, "cumplir con el mandato judicial e inmediata reposición en la Procuradora General del Estado" . En el documento se indica que la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, dispuso a través de la Resolución 2, la "suspensión provisional de los efectos de la Resolución Suprema 188-2022-JUS", la cual especificaba dar por concluida la designación de Caruajulca como titular de la PGE.
Asimismo, en el escrito se señala que en un plazo máximo de tres días el despacho del ministro Eduardo Arana y la presidenta Dina Boluarte deberán de reponer de manera inmediata a María Caruajulca. No obstante, este miércoles la disposición del Poder Judicial no ha sido cumplida. Esta acción generó incomodidad en la abogada y por eso manifestó ante los medios de comunicación que interpondrá una denuncia en la comisaría de San Isidro con el motivo de que no pudo ingresar a la sede de la Procuraduría General del Estado.
Por otra parte, se lee que el 13 de mayo se envió la notificación electrónica de la referida resolución a los procuradores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Presidencia del Consejo de Ministros. También, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima notificó el Oficio 09343-2022-88-1 de manera física hacia la jefa de Estado, Boluate Zegarra y al despacho del titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana.
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María Caruajulca se pronunció sobre el comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y enfatizó que, todos los "mandatos judiciales se cumplen". Durante su declaración, la abogada remarcó que el incumplimiento de estas directrices puede llevar a severas repercusiones, que incluyen detenciones provisionales y otras penalidades.
Además, subrayó la importancia de acatar las disposiciones judiciales, especialmente cuando provienen de órganos constitucionales, apoyándose en el artículo 4 de la ley orgánica del Poder Judicial. "Todos los mandatos judiciales deben acatarse rigurosamente; sin embargo, las órdenes emitidas por entidades constitucionales exigen aún mayor atención. El incumplimiento de estas puede resultar en sanciones más rigurosas, que podrían incluir destitución y detención provisional", declaró Caruajulca.