El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, viajará a El Salvador —en representación del Gobierno de Dina Boluarte— para participar en reuniones oficiales con funcionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien recientemente ganó la reelección en su país con más del 85% de los votos y arrasó con casi la totalidad de la representación en el Congreso. A pesar de ello, existen serios cuestionamientos en materia de derechos humanos sobre cómo el mandatario ha enfrentado el problema de las pandillas salvadoreñas.
A través de la Resolución Suprema n.° 032-2024-PCM, publicada en el boletín extraordinario de normas legales del diario El Peruano, se indica que el viaje se realizará entre los días 21 y 24 de febrero. El tema central a tratar será sobre el sistema penitenciario en El Salvador.
Durante la ausencia de Eduardo Arana Ysa en el Ministerio de Justicia, en su reemplazo, se designó al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, como encargado de esta cartera.
El titular del Minjus fue invitado por el canciller de El Salvador para que tome conocimiento sobre cómo se maneja la seguridad en el Gobierno de Nayib Bukele. Él se atribuye el haber reducido considerablemente los índices de inseguridad al combatir y encarcelar a las maras, pero a su vez ha sido flaco de críticas por parte de organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
Las reuniones se realizarán el 22 y el 23 de febrero. Se espera que Eduardo Arana Ysa intercambie experiencias en materia de seguridad pública con los funcionarios salvadoreños; además que esta visita ayude a nutrir de información valiosa la denominada Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada en el 2020 por el Gobierno.
La implementación se ejecutará a través del “uso de recursos y equipos tecnológicos, y de coordinación interinstitucional entre el sistema penitenciario y las entidades vinculadas con la administración de justicia".
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es una entidad encargada de dirigir y controlar técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional para asegurar una adecuada política penitenciaria, tendiente a la resocialización de la población penitenciaria. Además, se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presidido por el ministro Eduardo Arana Ysa.
Recientemente, Javier Llaque, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), anunció la construcción de un segundo penal para los criminales más peligrosos del país, que estará ubicado en Huancavelica: “Espero construir pronto un penal de régimen cerrado especial muy parecido a Challapalca. Ya me donaron el terreno”. Este centro albergaría a 1.500 reos.