Por presuntamente haber consumado los delitos de organización criminal y colusión en beneficio de empresas constructoras peruanas y chinas durante el ejercicio de sus funciones, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó al Poder Judicial el impedimiento de salida del país por 36 meses para el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas
El fiscal Sánchez también requirió la misma medida, pero por 9 meses, y por el delito de tráfico de influencias agravado, para los congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’: Raúl Doroteo Carbajo, Ilich López Ureña, Juan Mori Celis, Darwin Espinoza Vargas, Elvis Vergara Mendoza y Jorge Flores Ancachi.
′Los Niños′. Legisladores de AP negaron imputaciones. Foto: Gianella Aguirre/URPI-GLR
La petición del fiscal de la Nación se conoció en la noche del miércoles, horas después que Juan Silva se presentó ante la Comisión de Fiscalización y afirmó que no intervino en las licitaciones en las que resultaron ganadoras compañías supuestamente vinculadas con los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y el empresario y amigo del jefe de Estado, Zamir Villaverde García.
“Los comités (de licitación) que evalúan (las contrataciones) son autónomos en sus acciones, no tenemos injerencia”, señaló el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Sin embargo, no negó que eventualmente existieran casos de conductas ilícitas en el sector en el que trabajó: “No vamos a negar que corrupción hubo toda la vida. Ahí tenemos al Club de la Construcción.a Yo he tratado de evitar eso”, dijo
El último 5 de mayo, el fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación contra Silva y los 6 congresistas, luego de evaluar los informes de la fiscal Karla Zecenarro, quien consignó declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López y de otros testigos, que implican al extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con los legisladores de Acción Popular, en la presunta distribución de obras públicas a empresas privadas nacionales y chinas.
Las constructoras que ganaron 7 contratos por 804,5 millones de soles son las peruanas controladas por la familia Aguilar Quispe, Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) y Grupo Constructor y Consultor Asociados, en consorcio con China Civil Engineering Construction Corporation, China Railway N° 10 Engineering Group y China Railway Tunnel Group.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, acreditó en el sustento del inicio de la investigación contra el exministro Juan Silva y los 6 congresistas acciopopulistas, que este se reunía con frecuencia con los parlamentarios. Y que incluso, el 13 de enero de este año, el legislador Raúl Doroteo Carbajo sostuvo en su despacho una reunión con Alexander Aguilar Quispe, hermano de los dueños de las constructoras peruanas. En la cita también intervino el representante en el país de la compañía China Civil Engineering Construction Corporation, Li Qingyong. Precisamente, esta firma es la que más contratos alcanzó en la gestión de Juan Silva: 4 de los 7 que están bajo investigación.
El fiscal de la Nación postula que el exministro Juan Silva cometió el delito de colusión, que ocurre cuando un funcionario público se confabula con particulares para defraudar al Estado. Esto es, que Silva interfirió en las licitaciones de Provías Descentralizado para que se le concedan contratos a constructoras previamente escogidas.
En el caso de organización criminal, el fiscal Pablo Sánchez señala que Silva fue parte de un grupo de personas que acordaron reunirse y repartirse funciones con el propósito de cometer delitos en agravio del Estado.
Precisamente, ayer fue interrogado por la Comisión de Fiscalización el exdirector de Provías Descentralizado, José Cortegana Sánchez. El exfuncionario del MTC ratificó que el propio exministro Juan Silva lo citó en su oficina y que le presentó al empresario Zamir Villaverde García. Y que Silva los dejó solos, indicándole que atendiera a Villaverde, quien abogó por empresas y recomendó la designación de funcionarios.
También ante la misma comisión, Juan Silva afirmó que la versión de José Cortegana no se ajustaba a la verdad.
El fiscal Pablo Sánchez hizo la solicitud de impedimento de salida del país con la finalidad de asegurar las diligencias que ha previsto, entre otras el interrogatorio a Juan Silva y los 6 congresistas del grupo Los Niños, como eran conocido en Palacio de Gobierno, según la colaboradora eficaz Karelim López.
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Según la versión de la defensora legal del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, la voz de la persona que conversa con el empresario Zamir Villaverde García no corresponde a su patrocinado.
Quiñones desafió a Villaverde a que entregue el equipo con el que supuestamente registró los diálogos que sostuvo con Bruno Pacheco en las instalaciones de Palacio de Gobierno.
“No es su voz. Es mi posición, a partir de lo que he podido escuchar. Veo un murmullo de lo que habla el señor (Pacheco). Hasta lo que se puede escuchar es totalmente ininteligible. No se tiene certeza”, señaló Giuliana Quiñones en declaraciones a radio Exitosa.
“Yo sí dudo (que sea la voz de Pacheco), porque más habla el señor Zamir Villaverde”, resaltó Quiñones.
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Fila superior (izq a der.): Raúl Doroteo Carbajo. Darwin Espinoza Vargas. Juan Carlos Mori Celis. Fila inferior (izq. a der.): Elvis Vergara Mendoza. Jorge Flores Ancachi. Ilich Fredy López Ureña. Foto: composición LR