Defensoría del Pueblo pide investigar presunto intercambio de favores entre Congreso y Produce

Tras la revelación de los supuestos chats del ministro de Producción, Jorge Prado Palomino, en donde el funcionario ejercía presión para contratar trabajadores allegados a algunos congresistas de Acción Popular, conocidos como ‘Los Niños’, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento por redes sociales en el que anuncia haber tomado procedimientos para determinar la legalidad de dichos encuentros.

Mediante los Oficios 0093-2022-DP y 0073-2022-DP-ALCCTEE, emitidos hacia la Presidencia del Congreso y la Contraloría General de la República, respectivamente; la Defensoría solicitó que se emita, en el caso del Legislativo, un informe que detalle la legalidad de las acciones de estos congresistas y, en el caso de la Contraloría, la investigación a los presuntos actos de corrupción que hayan suscitado; aunque no recibió respuesta de ninguna de las dos entidades.

“Resulta grave para la intitucionalidad del país que, en los últimos días, se hayan denunciado las coordinaciones y presiones del ministro de Producción a su secretario general y al jefe de un organismo adscrito, para designar como funcionarios de este sector a profesionales supuestamente recomendados por congresistas integrantes del mismo partido, Acción Popular”, indica el comunicado de la Defensoría.

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La carta de la entidad autónoma detalla que estos congresistas estarían comprendidos también entre los hechos relacionados con la priorización de proyectos del MTC. Asimismo, manifestaron su “preocupación de que exista una inadecuada relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”, dictó la misiva dirigida a la opinión pública.

La Defensoría del Pueblo indicó que existe la posibilidad de que un intercambio de favores y obras esté correlacionado con la emisión de votos en el Congreso, y pueda afectar el “debido desempeño de las funciones de fiscalización y de control parlamentario”.

A su vez, instó, tanto a los medios de comunicación como a la Contraloría de la República y al Ministerio Público, a investigar estos hechos y estar atentos al correcto ejercicio de la administración pública.