Ejecutivo presenta iniciativa para derogar ley que limita la cuestión de confianza

El Gobierno del presidente Pedro Castillo remitió, este viernes 8 de abril, un proyecto de ley que propone derogar la Ley N° 31355, norma que limita la cuestión de confianza. El Ejecutivo buscó dejar sin efecto dicha iniciativa a través de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; sin embargo, dicho organismo declaró infundada la acción al no lograr los cinco votos requeridos.

A través de un oficio remitido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, el Ejecutivo sostiene que la cuestión de confianza tiene como objetivo “garantizar la estabilidad del Gobierno, en tanto es uno de los mecanismos clásicos para evitar el obstruccionismo”.

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“La cuestión de confianza, como institución cuyo ejercicio queda en manos del Ejecutivo, fue introducida en el constitucionalismo peruano como un contrapeso al mecanismo de la censura ministerial asignado al Poder Legislativo, por lo que debe ser entendida a partir del principio de balance entre poderes. Al tener tal naturaleza, se trata del ejercicio de un poder que necesariamente debe sujetarse a ciertos límites”, se lee en el texto.

En la exposición de motivos, el Gobierno recuerda sentencias del Tribunal Constitucional en las que establecen que la referida figura “ha sido regulada de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso”. Aunque, consideran que “debería estar sujeta a ciertas limitaciones”, que deberían ser incorporadas a través de una reforma constitucional y no mediante una ley ordinaria como lo hizo Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento.

En el texto, el Ejecutivo también cuestiona que se haya limitado la cuestión de confianza, pero no la censura ministerial, contrapeso asignado al Poder Legislativo.

“Cualquier norma infra constitucional que pretenda interpretar o contemplar los alcances de un instrumento de control político constitucionalmente previsto como lo es la cuestión de confianza que se aparte de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, devendría en inconstitucional”, argumentan.