Martín Vizcarra: un año después, aún no hay prueba sólida
Sin acusación. La Fiscalía todavía no ha podido reunir los indicios o pruebas que demuestren en juicio la palabra de los cuatro aspirantes a colaboradores eficaces. Salvo la vacancia, todo se sigue investigando.
“Es un caso sólido, muy sólido. (¿Se podría ir a la cárcel?) Creo que sí. Me podría ir incluso, de acuerdo a las diligencias que estoy realizando y avanzando, hasta en una acusación directa”, afirmó el fiscal Germán Juárez Atoche en una entrevista que concedió a Milagros Leiva, en su programa de Willax TV, el 1 de diciembre del 2020.
Un año después no hubo acusación directa contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Nunca la habrá. En contra de lo que anunció, el 11 de marzo del 2021, el fiscal inició investigación preparatoria, lo que supone que sus indicios no eran tan sólidos como dijo.
Si se tratara de un político se podría decir que Juárez le mintió al país. Pero al hablar de un fiscal lo real es que, ante la sobreexposición mediática, sobredimensionó sus capacidades y los dichos de los aspirantes a colaboradores.
Además, el Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato nunca ha presentado una acusación directa, ni existiendo pruebas más concretas. Los colaboradores de Odebrecht presentaron vouchers de depósitos, transferencias, compañías offshore, cuentas en paraísos fiscales, testigos de los acuerdos ilícitos y entregas de dinero, es decir pruebas visibles, incuestionables, palpables, y nunca se presentó una acusación directa.
En todos los casos del Lava Jato peruano se sigue la investigación preparatoria por tres años. El proceso a Vizcarra sigue el mismo formato. Salvo, parece claro, que un nuevo evento político los obligue a acelerar sus diligencias.
La oportuna aparición de los aspirantes a colaboradores y la filtración de sus declaraciones se produjeron en momentos en que el fujimorismo empezaba a hablar de vacar a Vizcarra.
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En noviembre del 2020, La República recogió diversos testimonios de personas cercanas a los aspirantes a colaboradores que señalaron que estos recordaron sus tratos ilícitos con Vizcarra después de que Juárez les increpó que necesitaba algo contra el presidente.
En marzo del 2021 se formalizó investigación preparatoria para sustentar un pedido de prisión preventiva, en momentos en que las encuestas proyectaban al expresidente como uno de los congresistas más votados, en las elecciones generales de abril del 2021.
Sin el interés político de vacar a Vizcarra y la proyección de las encuestas, esta historia tendría otro relato.
Tiempo de vacancia
De acuerdo con fuentes extraoficiales del Ministerio Público, hoy pensar en una acusación contra el expresidente Vizcarra es prematuro. Un año después, la investigación se sigue sosteniendo únicamente en la palabra de los aspirantes a colaboradores, sus empresas, sus empleados y socios. Nadie ajeno a Obrainsa o ICCGSA y el entorno puede confirmar los pactos ilícitos o una sola entrega de dinero.
A diferencia de las declaraciones de los colaboradores de Odebrecht, en el caso Vizcarra no hay cuentas bancarias, empresas offshore ni transferencias bancarias. Todo habría sido en efectivo, pactos entre susurros, y eso complica todo.
Esto no supone que los hechos sean falsos. Pero todavía no aparece la prueba o el indicio sólido que confirme su existencia. En casos como este, los fiscales tienen que trabajar sobre los indicios y circunstancias para construir una cadena de indicios que sostengan una acusación.
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Una cadena que debe construirse respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Esto supone que el investigado participa y mete su mano en el modelado de casa eslabón para permitir llegar a la verdad.
De tal manera que al cabo de un año la categórica afirmación del fiscal Juárez, si bien sirvió para dar sustento a una vacancia presidencial, sigue siendo insuficiente para probar los hechos y llevar a una persona a prisión.
Vizcarra postula al Congreso con Somos Perú. Foto: La República
Los 4 hechos que deben probarse
La Fiscalía acusa a Martín Vizcarra de cuatro hechos que califica como delitos de colusión y cohecho:
1. Concertar con el gerente de Obrainsa, Elard Tejeda, para ganar el proyecto de irrigación Lomas de Ilo.
2. Concertar, por intermedio de José Hernández, con Rafael Granados las obras del hospital de Moquegua.
3. Solicitar a Tejeda un donativo del 2% del costo de la obra y el alquiler de una avioneta por Lomas de Ilo.
4. Solicitar, por intermedio de Hernández, un donativo de S/ 1.300.000 por el hospital de Moquegua. Ahora, la Fiscalía solo habla de solicitud de dinero.
