Elmer Cáceres Llica: “El juez ya nos ha condenado de forma anticipada”

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, detenido por la acusación de encabezar la presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor, emitió un comunicado a la opinión pública acusando una persecución política de parte de los jueces que están a cargo de su caso.

“Como ciudadano e investigado quiero expresar mi rechazo y malestar por la forma como se viene desarrollando este proceso, que pareciera, ha tomado un tinte político y está manchado presuntamente por intereses ajenos a la justicia”, señala.

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“El señor juez ya nos ha condenado de forma anticipada a cada uno de los detenidos; en cada una de las audiencias en que participó, siempre indicó que existe una organización criminal, esto, sin hacer la previsión de que existe la presunción de inocencia y el debido proceso”, añade en el pronunciamiento.

En ese sentido, el gobernador de Arequipa afirma que “para el señor juez José Málaga Pérez, ya no se trata de una presunta organización criminal, sino que ya existe dicha organización criminal”.

Por otro lado, recalca que, en la audiencia correspondiente, el juez alegó que “no se necesita corroborar los audios” y que únicamente está dando valor a las transcripciones realizadas por la Fiscalía, “como si fueran pruebas contundentes”.

“Es decir, el señor juez José Málaga Pérez estaría incumpliendo la ley y considero que incluso estaría cometiendo un delito de prevaricato por no cumplirla y hacer valer los derechos del imputado, me refiero al artículo 158.2 del código procesal penal”, acusa también en el comunicado.

“Finalmente, debo indicar que respetaré la decisión judicial, pero esta carta responde fielmente a lo que he visto y creo que está ocurriendo en este proceso. (...) He perdido mi libertad de tránsito pero no mi derecho a opinar e informarme, y esta carta la hago como ciudadano y hombre que exige que sus derechos sean respetados”, concluye el texto.

Los Hijos del Cóndor constituyen una presunta red criminal liderada por la primera autoridad de Arequipa, que habría contado con funcionarios de confianza como consejeros ‘aliados’ y dirigentes.

Se imputa a los involucrados el haber concertado indebidamente, a cambio de beneficios económicos, laborales y entrega de terrenos en favor de la gestión regional. En ese contexto, se les acusa de los delitos de organización criminal y cohecho activo genérico (soborno).