Arequipa: ¿Y dónde está el piloto?

La situación del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) es compleja por la detención del gobernador Elmer Cáceres Llica, sus funcionarios y consejeros (algunos fueron liberados con restricciones). Los investigan por indicios de delitos de corrupción.

Hoy el juez decide la prisión preventiva del gobernador. Con el fallecimiento del vice gobernador, Walter Gutiérrez Cueva, corresponde al Consejo Regional aplicar el artículo 30º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Esto es declarar la situación de vacancia del gobernador detenido y luego elegir entre su seno al gobernador que completará el período hasta diciembre de 2022.

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Una situación similar sucedió en el país, luego de la renuncia y posterior vacancia del dictador Alberto Fujimori en 2000. El Congreso eligió a Valentín Paniagua, un hombre caracterizado por su convicción democrática, carácter pausado y conducta madura. Su gobierno fue la bisagra para la transición democrática y estabilidad política.

La implosión de la gestión regional, se originó por falta de liderazgo, visión, gestión, transparencia y honestidad de la autoridad regional y su equipo funcional. El gobernador detenido nunca asumió con seriedad el compromiso para el cual fue electo, olvidando la expectativa de los sectores que votaron a favor o en contra en la elección pasada.

Gobernar es tomar decisiones para solucionar los problemas regionales y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente de los que están inmersos en la brecha económica, social y de oportunidades, por la inexistencia de condiciones para el desarrollo individual. El rol del Estado es redistribuir y equilibrar esa falta de oportunidad a partir de políticas y acciones concretas.

El problema de gobernabilidad en Arequipa no es solo legal, resulta fundamentalmente político, años de atraso, por la ineficacia de gestión, menos de 40% de ejecución del presupuesto durante el 2021 (informe de la Universidad del Pacífico) y una gestión díscola y sin horizonte.

Del grupo de consejeros que se encuentran hábiles para elegir al nuevo gobernador, si es que la vacancia es decidida, algunos tienen legítimas aspiraciones políticas y de participación en las elecciones del próximo año. Otros, están inmersos en la investigación que involucra al gobernador. Ambas situaciones generan un sesgo y distorsión que afectaría la gobernabilidad y estabilidad de Arequipa. Los primeros porque tienen un interés que no está alineado con la necesidad regional actual y los segundos porque han perdido legitimidad debido a la investigación que los alcanza.

Consideramos que, con el afán de dar una muestra de desprendimiento, los consejeros que se encuentran en una u otra situación deben abstenerse en participar en la elección. No como consecuencia de una obligación legal, pero sí por un deber ciudadano y ético por Arequipa, se trata de una decisión individual.

El gobernador a ser electo, debe garantizar un funcionamiento mínimamente viable, dotar de transparencia a la gestión, luchar contra la corrupción, culminar obras que están en proceso de ejecución o presupuestadas, garantizar el retorno a clases y sacar adelante Majes Siguas II, con un actuar informado y abierto sobre la adenda 13 que es un secreto militar en cuanto a su manejo. Es momento de convocar a la sociedad civil institucional para acompañar al trazo de una agenda mínima que garantice estabilidad y orden en el Gobierno Regional de Arequipa.