Secretario de Presidencia podría ser investigado por la Fiscalía por tráfico de influencias
Abogados penalistas coinciden en que el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco Castillo, se enfrentaría a una pena de hasta ocho años de cárcel por la presunta interferencia en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.
El ex comandante general del Ejército, (r) José Vizcarra, y el de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), (r) Jorge Chaparro, aseguraron que fue el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien a nombre del presidente Pedro Castillo, intentó interferir en los procesos de ascenso de oficiales en las mencionadas instituciones, con el objetivo de que allegados al Gobierno sean promovidos. En estas presiones también habría participado el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien puso su cargo a disposición del jefe de Estado.
En diálogo con La República, el abogado penalista Luis Lama Puccio sostuvo que la Fiscalía de la Nación podría iniciar un proceso indagatorio contra el secretario de la Presidencia por los presuntos delitos de tráficos de influencias, negociación incompatible o, incluso, abuso de autoridad.
“No está dentro de sus atribuciones del secretario general hacer este tipo de gestiones (exigir o recomendar ascensos de oficiales). En ningún caso el funcionario público está permitido interferir o influenciar para una decisión de carácter público. Eso está establecido en el Código Penal. Hay casos reiterados de personas que han sido denunciadas por eso”, explicó Lama Puccio.
En esa misma línea, Carlos Caro precisó que una investigación contra Pacheco Castillo no tendría que pasar por una aprobación previa del Congreso —algo que si es requerido para determinados funcionarios— debido a que no es una persona aforada, es decir, “no tiene ningún privilegio para efectos de la investigación”.
“Él puede ser investigado como un funcionario más sin ningún problema; es decir, podría ser investigado a nivel de primera instancia por parte de una Fiscalía. Él no tiene ningún aforo, ningún privilegio, correspondería ser investigado por una Fiscalía Anticorrupción”, indicó a esta redacción.
Por su parte, Caro Coria consideró que Bruno Pacheco podría ser acusado por coacción, patrocinio ilegal y tráfico de influencias, delito por el que, de hallársele culpable, recibiría una pena privativa de la libertad de hasta ocho años.
Bruno Pacheco
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Pedro Castillo no puede ser investigado actualmente por la Fiscalía, afirman expertos
De acuerdo con declaraciones del excomandante del Ejército, José Vizcarra, Bruno Pacheco, a nombre del presidente Pedro Castillo, pidió que los coroneles Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama sean ascendidos a generales de brigada.
Ante ello, los especialistas consultados por La República coincidieron en que el mandatario podría ser acusado por los mismos delitos en los que habría incurrido el secretario de Palacio. No obstante, señalaron que para que el Ministerio Público pueda iniciar acciones contra un jefe de Estado primero debe acabar su periodo presidencial.
“Si (Walter Ayala y Pedro Castillo) acaban involucrados en el tema, podrían ser sancionados al mismo nivel (que Bruno Pacheco). En el caso de Ayala, él todavía tendría que pasar por el antejuicio constitucional, eso puede demorar uno o dos años. En el caso del presidente, para ir a antejuicio tendría que terminar su mandato. Él, a lo mucho, podría ser investigado preliminarmente por la Fiscalía”, afirmó Caro.
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Por su parte, Luis Lama aseveró que otro camino para determinar responsabilidades en los hechos denunciados por los ex altos mandos de las Fuerzas Armadas sería una indagación efectuada por una comisión investigadora del Congreso de la República.
“La información que se tiene a la vista es solamente información periodística, pero todo eso tiene que estar corroborado con todas las formalidades de la ley. Y acá hay dos caminos: la Fiscalía, que no va a hacer nada porque en el caso de (Martín) Vizcarra dijo que no podía investigar hasta que no terminara su mandato, o el Congreso, que tendría que nombrar una comisión para investigar, y de ahí optar por la vacancia o el antejuicio”, agregó.
