El Poder Judicial decidió la extradición contra el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, quien actualmente está en España luego de fugarse de la justicia peruana en el 2018.
En efecto, por medio de una decisión consultiva formulada por los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, se decidió declarar procedente la solicitud dirigida a las autoridades españolas para la ampliación de extradición contra el exmagistrado a efecto de ser procesado en el Perú por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, en el marco del caso Los Cuellos Blancos.
Es así que la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos contra Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, logró que el Poder Judicial aprobara el pedido de extradición contra César Hinostroza. Esta vez por el intercambio de favores que sostuvo con el empresario Salvador Ricci.
Por otro lado, a Hinostroza Pariachi se le atribuye haber nombrado a la ex jueza Ana Zapata Huertas para que se encargara directamente del proceso judicial de Ricci Cortez, relacionado a la administración del hotel María Angola, a cambio de beneficios y ventajas.
De igual manera, el Poder Judicial decidió disponer que se remita el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia por intermedio de la presidencia de la Corte Suprema, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación, para que se oficie y se haga de público conocimiento.
El último miércoles 15 de setiembre, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional española rechazó conceder el asilo por persecución política al exjuez César Hinostroza.
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La resolución presentada por la defensa de Hinostroza detalló que Martín Vizcarra ya no es presidente de Perú por lo que no existen “datos objetivos” que permitan concluir que el expresidente esté al frente a la persecución política que argumenta Hinostroza Pariachi “pues si éste controla a voluntad el poder ejecutivo, legislativo y judicial no parece congruente”.
Por su parte, la procuraduría consideró que resuelto el tema del asilo, el Gobierno de España debe proceder a establecer la fecha y el plazo en que procederá la entrega y el traslado del exmagistrado al Perú para ser juzgado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible.