Congresista de Perú Libre retira su firma de proyecto de ley para controlar medios

La congresista Francis Paredes Castro de Perú Libre retiró su firma del proyecto de ley que propone declarar de “necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación”, iniciativa presentada el último 17 de setiembre por el parlamentario de su bancada parlamentaria, Abel Reyes.

A través del oficio n° 100-2021-FJPC/CR emitido el martes 21 de agosto al oficial mayor del Congreso, Hugo Fernando Rovira, la legisladora pidió que se saque su nombre de la relación de parlamentarios que respaldaron esta medida cuestionada por diversas instituciones.

En efecto, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Civil Transparencia y el Consejo de la Prensa Peruana, entre otras entidades, expresaron su desacuerdo con esta iniciativa de Perú Libre porque significaría un atentado contra la libertad de expresión, así como la pretensión de marcar una agenda en los diversos medios.

El congresista Abel Reyes Cam presentó ante el Parlamento Nacional el proyecto de Ley N°261-2021-CR, en el cual justifica en su artículo 2 que el “medio de comunicación es un servicio público de competencia de la nación en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos”.

De acuerdo a esta iniciativa, la radio y TV en sus distintas modalidades son una actividad estratégica e indispensable para el fortalecimiento de la democracia y los derechos a la comunicación, a la información, educación y cultura del pueblo, por lo que debe ser protegida y promovida por el Estado. Por ello, sostiene que “debe prevenirse, rechazarse y corregirse cualquier tendencia a la concentración, acaparamiento, o monopolización de las frecuencias de radio y televisión”.

Ante esto, diversas instituciones cuestionaron el proyecto y otras, como la Defensoría, solicitaron su archivo debido a que “podría originar que el Ejecutivo adopte medidas arbitrarias durante los estados de emergencia, las mismas que pondrían en riesgo las libertades de expresión e información”.

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