Maraví: En ningún momento señalé que presentaría el desistimiento de las demandas contra ley CAS

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, negó haber propuesto la anulación de las demandas de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti, contra las leyes de eliminación del régimen CAS y la de negociación colectiva en el sector público.

“En ningún momento señalé que mi despacho presentaría el desistimiento de las demandas de inconstitucionalidad, lo que hice saber es que se tratan de pedidos de los trabajadores que recojo en mi agenda de trabajo prioritaria sectorial”, publicó en su red social.

En esa línea, expuso que en la sesión de Consejo de Ministros del 25 de agosto se coordinó con el Ministerio de Justicia (Minjus) para que se analice cuáles eran las posibilidades a fin de poder atender lo requerido.

“En mi misma sustentación señalé que ante la posibilidad de presentar un escrito de desistimiento ante el TC, habría que considerar que el TC tiene la facultad de continuar de oficio con el proceso conforme al Código Procesal Constitucional e incluso a la jurisprudencia existente, por lo que teniendo en cuenta mi sugerencia, se acordó que respecto a estas normas vigentes, las entidades competentes debían trabajar en su reglamentación, a la que como Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo contribuiremos”, sostuvo.

No obstante, el último 7 de setiembre, Iber Maraví dio a entender que el Gobierno retirará la demanda ante el TC contra las leyes de eliminación del régimen CAS y la de negociación colectiva en el sector público.

“Estos dos puntos tienen que ver con el sentir de la clase trabajadora de retirar la demanda. Es un tema muy discutible, considerando que estas demandas están admitidas en el Tribunal Constitucional”, añadió.

¿Cuál es la demanda de inconstitucionalidad?

Como se informó, la ley 31131 sobre la eliminación de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) e incorporación al régimen laboral 276 o 728 y la ley 31188 referida a la negociación colectiva en el sector público fueron aprobadas por insistencia en el anterior Congreso de la República. Luego, el Gobierno de Francisco Sagasti presentó la demanda de inconstitucionalidad.