Informe de denuncia contra Pedro Chávarry propone inhabilitarlo por 10 años

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evaluará este lunes el informe final de la denuncia por encubrimiento real y personal contra el ex fiscal supremo Pedro Chávarry.

La congresista Felícita Tocto, de la bancada Descentralización Democrática, será la encarga de sustentar dicho informe que concentra las denuncias constitucionales 365, presentada por integrantes del grupo parlamentario Acción Popular; y la 322, ingresada por la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos.

A Chávarry Vallejos se le acusa de haber cometido una “intervención obstruccionista”, cuando era fiscal de la Nación, en el marco de la investigación preparatoria que sigue el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori. Además, se le sindica de haber permitido el ingreso de funcionarios a una oficina lacrada a fin de retirar medios probatorios para la indagación contra la lideresa de Fuerza Popular. Por ello, se busca aplicar el antejuicio y juicio político.

“Las denuncias acumuladas, en cuanto a su soporte jurídico por antejuicio político, atribuyen responsabilidad al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos como autor del delito contra la administración de justicia - encubrimiento real y encubrimiento personal agravado en grado de tentativa; y como instigador de la presunta comisión del delito contra la administración pública - atentado contra la conservación e identidad de objeto”, se lee en el documento.

Asimismo, en el informe se precisa que existen numerosas pruebas y hechos comprobados de que el ex fiscal supremo habría cometido ambos delitos por los que se le demandó.

En ese sentido, se pudo establecer que Pedro Chávarry ejecutó “actos de intromisión y obstaculización en la labor de investigación llevada a cabo por el Equipo Especial contra Keiko Sofía Fujimori Higuchi, partido político Fuerza Popular y otros”. Estos cargos no fueron imputados ni por el denunciado ni su defensa, detalla el escrito.

Finalmente, se propone inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargos públicos. “En el presente caso, donde el denunciado ya fue destituido, este poder legislativo no podía imponer la sanción de suspensión o destitución, sino únicamente el de inhabilitación”, alegan.

La cantidad de años que se le impondría con esta sanción responde a la “gravedad de los hechos ejecutados por el imputado”. Incluso, se recalca en que la “Junta Nacional de Justicia ha mencionado que el investigado ha violentado principios éticos del Ministerio Público con su actitud”.

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