Guido Águila: PJ dejó al voto tutela de derechos para excluir transcripción de escuchas

Luego de que el exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Águila solicitara tutela de derechos para que se excluya la transcripción de las siete escuchas a sus llamadas telefónicas realizadas en el 2018, el Poder Judicial ha decidido dejar al voto su decisión para responder de acuerdo al plazo de ley.

Durante la audiencia en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto por la acusación en contra de Águila de presuntamente haber cometido el delito de cohecho, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dirigido por Hugo Núñez Julca, la defensa legal, señaló que “se vulneraron sus derechos fundamentales” con la resolución de la Fiscalía del 6 de abril del 2018.

Este documento autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones de César Hinostroza, exjuez supremo. Asimismo, afirma que en dicho requerimiento fiscal Guido Águila no fue referido, pues solo se pide la inspección de las escuchas a varios números que son identificados con alias y “NN”.

Por su parte, el fiscal Iván Quispe afirmó que estos audios fueron obtenidos de forma legítima por veredicto judicial. Añadió que la materia por la cual es investigado el exintegrante del desaparecido CNM no es novedad, sino que tiene relación con el requerimiento en cuestión.

Como se informó, Águila también está siendo investigado de forma preliminar por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal.

El exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura es investigado de manera preliminar por dicha instancia del Poder Judicial por el presunto delito de patrocinio ilegal.

Proceso para investigar a Águila se desarrolla en paralelo por la SAC

El último 9 de abril la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio luz verde al informe final que recomienda acusar a Guido Águila por el mismo delito mencionado anteriormente, además de tráfico de influencias.

Esto lo deberá evaluar la Comisión Permanente y seguido a ello, de aprobarlo, será elevado al Congreso para que se debata si se autoriza que el Ministerio Público pueda investigarlo.

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