La Sala Penal Especial de la Corte Suprema programó para el próximo miércoles 9 de diciembre, a partir de las 09.00 horas, la audiencia para ver la apelación presentada por el excongresista Héctor Becerril por el caso Los Temerarios del Crimen.
En efecto, la sala del Poder Judicial decidió ver el recurso impuesto por el exrepresentante del fujimorismo contra el fallo que declaró infundado tutela de derechos en investigación que se le sigue por los presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho pasivo impropio y organización criminal en agravio del Estado.
Asimismo, la defensa de Becerril Rodríguez pidió que no se tome en cuenta la declaración realizada el pasado 8 de marzo del 2019 por la empresaria Mirtha Gonzales Yep, quien denunció al exparlamentario por el pago de coimas por la obtención de una licitación para una planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo.
Es así que la Corte Suprema admitió el recurso de apelación interpuesto por Héctor Becerril contra la resolución del 7 de octubre emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, donde rechaza la tutela de derechos para anular la declaración de Mirtha Gonzales.
De igual manera, el acta judicial sostiene que dicha audiencia se llevará a cabo mediante el sistema de teletrabajo, a través del aplicativo Google Hangouts Meet, donde participarán los sujetos procesales por un plazo de diez (10) minutos.
La disposición de la Corte Suprema es cumplir con la conferencia de preparación y coordinación de los testimonios en los procesos que se desarrollen en la modalidad virtual, como se viene haciendo por el estado de emergencia.
12
El pasado 13 de agosto, Becerril intentó anular la declaración ante el Ministerio Público de Mirtha Gonzales, testigo que confirmó la entrega de 74.000 soles en materiales de construcción, incluido porcelanato para construir la casa del exlegislador en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, no obstante, el 17 de agosto la Fiscalía rechazó el pedido de su defensa.
Por su pare, la empresaria Gonzáles afirmó, el año pasado, que habría comprado materiales de construcción a cambio de ganar la licitación de una obra pública en la Municipalidad de Chiclayo.
Por otra parte, el pasado 2 de octubre, el abogado del exlegislador argumentó que Gonzáles Yep concurrió para prestar una declaración espontánea y la Fiscalía “no encontró razonable comunicarle a la defensa e invitarla para que pueda ejercer el derecho a contrainterrogar”.
Seguidamente, agregó que se habría vulnerado el derecho de su patrocinado, “ya que es un derecho fundamental interrogar a los testigos presentes”.
Por su parte, el representante del Ministerio Público manifestó que el pedido de Héctor Becerril carecía de fundamento jurídico ya que los supuestos de nulidad son distintos a los de tutela de derechos.
“La declaración del testigo se hizo el 8 de marzo de 2019. Esta nulidad, mas no tutela de derechos, se presenta un año después, cuando la Fiscalía ya había formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República”, alegó.
Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.