Procuradora Carrión pidió a la SUNAT lista de empresas que se beneficiarían con posible fallo del TC
Tribunal Constitucional debatirá este martes posible prescripción de deudas que favorecerían a 158 empresas en todo el país.
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Silvana Carrión Ordinola ha pedido este lunes a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) el listado de aproximadamente 158 empresas que estarían cerca de ser beneficiadas con un proyecto de sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Decreto Legislativo 1421, referido a la prescripción de deudas pendientes con el Estado.
El oficio al que tuvo acceso La República fue enviado por la procuradora ad hoc del caso Lava Jato al jefe de SUNAT, Luis Vera Castillo, aproximadamente a las 8:21 p. m. del último lunes.
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En la misiva, Carrión pide formalmente que se envíe a su despacho el documento con los datos de los “contribuyentes mencionados, en formato físico y/o digital, así como el estado de su deuda, a fin de poder identificar si alguna de estas empresas está vinculada al denominado caso Lava Jato”.
Procuradora Carrión pidió a la SUNAT lista de empresas que se beneficiarían con posible fallo del TC
Esta controversia se abrió en torno a la demanda de inconstitucionalidad que presentó, en febrero de 2019, el Colegio de Abogados de La Libertad contra la primera disposición del Decreto Legislativo 1421. En ella se alegó que la SUNAT no podría cobrar las deudas tributarias de empresas o contribuyentes pasados más de cuatro años.
Como consecuencia directa de ello, las principales empresas del país pueden verse beneficiadas. Paradójicamente, con los años, ellas son las que han acumulado más deudas con el Estado peruano, las que ascienden los 9 mil millones de soles.
Entre las 158 empresas que pueden verse favorecidas con el proyecto de sentencia que hizo el magistrado Ernesto Blume Fortini, figuran Odebrecht, Graña y Montero, Southern Perú, Latam Airlines, entre otras.
El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de revisar este tipo de solicitudes. Foto: TC.
Por otra parte, el martes 22 de septiembre a las 10 a.m. está programada una audiencia pública para que el Pleno del Tribunal Constitucional tome una decisión concreta sobre el asunto.
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