Ministra de Justicia afirma que cumplirá sentencia del TC sobre crisis penitenciaria

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra Zegarra, señaló que cumplirá la sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional el hacinamiento y la insalubridad de las cárceles, y da un plazo de cinco años, 2021-2025, para que este sector adopte medidas dirigidas a superar la crisis en los establecimientos penitenciarios. También establece noventa días para la entrega del Plan Nacional de Política Penitenciaria con metas al 2025, tiempo que concluirá el próximo 4 de setiembre.

Ana Neyra manifestó este compromiso durante su intervención en la presentación pública de las ‘Diez propuestas estratégicas para el Sistema Nacional Penitenciario’ que hizo la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), aportes que la titular del Minjus agradeció.

Refirió que trabajará en las áreas de seguridad, acompañamiento post carcelario, tratamiento, salud, hacinamiento y manejo de datos y registros. Dijo que se espera testear a todas las personas en reclusión ante la pandemia de coronavirus, reanudar las campañas de vacunación a menores y población en general en los centros penitenciarios, además de implementar una política de grilletes electrónicos para los liberados.

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Recordó que las personas encarceladas conservan sus derechos, excepto la libertad personal.

En la cita también estuvo la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narváez. La magistrada respaldó la necesidad del acompañamiento a quienes salen de la cárcel para evitar la reincidencia, y propuso revisar la posibilidad de un programa de capital semilla y emprendimiento para apoyar la pronta recuperación social del detenido.

Sostuvo que no puede haber un trato digno ni humano en condiciones de hacinamiento. De ahí que se pronunció por ir más allá del populismo punitivo, que sólo mira a corto plazo, e ir a la causa del problema.

Carlos Zoe Vásquez, quien expuso las ‘Diez propuestas estratégicas para el Sistema Nacional Penitenciario’, indicó que estos planteamientos giran sobre tres ejes: Quiénes deberían permanecer y salir del sistema, qué hacer con las personas que sí deben permanecer en la cárcel (tratamiento para la rehabilitación) y sobre qué hacer fuera de los penales para reducir las cifras de reincidencia (reinserción social).

La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) recordó que el Tribunal Constitucional estableció un plazo de cinco años, que vencerá el 2025, para adoptar las medidas que contribuyan a superar la crisis en los establecimientos penitenciarios, de lo contrario podrían ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa, y no se permitiría el ingreso de nuevos internos.

Indicó que el Minjus también está obligado a presentar el Plan Nacional de Política Penitenciaria para el periodo 2021 – 2025, así como ampliar, reforzar, modificar o replantear las medidas dictadas en el marco de la emergencia del sistema penitenciario y del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), hasta el 4 de setiembre.

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