Ejecutivo aprueba que presentación de declaración jurada de intereses es obligatorio

El Poder Ejecutivo aprobó, el miércoles 20, el reglamento de la norma que instaura la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses (DJI) para los trabajadores que formen parte del sector público.

Según la ordenanza publicada, este jueves 21, en el Diario El Peruano, el Decreto Supremo N° 091-2020-PCM establece que la DJI será presentada por los servidores civiles, además de otros funcionarios indicados en dicho decreto.

Asimismo, el reglamento estipula que la Declaración Jurada de Intereses deberá ser presentada independientemente del régimen contractual o laboral en el que se encuentren los empleados en las diferentes entidades de la administración pública.

Otro punto del Decreto Supremo N° 091-2020-PCM dispone la publicación del reglamento en el Portal del Estado Peruano, además, del portal institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), el mismo día de su publicación en el Diario El Peruano.

Igualmente, indica que la implementación de lo dispuesto en el reciente reglamento aprobado, tiene una financiación con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, y no con recursos adicionales al Tesoro Público.

Entre las infracciones, se considera muy grave cuando un empleado público incumple el requerimiento de presentar la DJI o cuando se presenta dicha declaración con información inexacta o falsa.

Ante cualquier infracción, se establece que el proceso administrativo disciplinario estará a cargo de cada entidad. “El procedimiento se inicia de oficio por parte de la autoridad competente o como consecuencia de la petición motivada de la Oficina de Integridad Institucional, o por denuncia de una persona natural o jurídica”, dice el documento.

Una Declaración Jurada de Intereses es el documento de carácter público que contiene información de los sujetos obligados referida a sus vínculos económicos, contractuales, profesionales, laborales, corporativos y familiares.

El Decreto Supremo argumenta que se busca evitar un eventual conflicto de interés entre los funcionarios públicos.

Se conoce como conflicto de interés a la situación en la que los intereses personales del sujeto obligado colisionan con el interés público y el ejercicio de sus funciones, entendiéndose que cualquier actuación que realiza dicho sujeto obligado está dirigida a asegurar el interés público y no a favorecer intereses personales o de terceros.

El documento fue suscrito por el presidente de la República, Martín Vizcarra; el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos; y el titular del Ministerio de Justicia, Fernando Castañeda.

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