Fiscal Pérez pidió reponer 41 días al caso de Gerardo Sepúlveda

El sábado 25 de abril venció el impedimento de salida del país que tenía desde el 26 de febrero último el testigo chileno Gerardo Sepúlveda Quezada en el caso Interoceánica Sur.

Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez envió un pedido al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho para reponer 41 días calendario al caso debido al estado de emergencia, pues desde el 16 de marzo el Ministerio Publico y el Equipo Especial Lava Jato no pudo realizar diligencias.

El escrito al que accedió La República, muestra así que el COVID-19 y el asilamiento social obligatorio impidieron interrogar a Sepúlveda en el caso durante esos 41 días comprendidos entre el 16 de marzo (inicio del estado de emergencia) y el 26 de abril (fecha límite de la segunda prórroga del aislamiento).

"El plazo no utilizado para desarrollar esta diligencia, de tomarse en cuenta atentaría negativamente el desarrollo de la presente investigación; ergo el espacio de tiempo que se ha estado en cuarentena, constituye factor de caso fortuito o fuerza mayor no imputable al titular de la acción penal, por lo que se reitera la reposición del plazo peticionado", reitera el documento.

La solicitud, además, fue remitida vía correo electrónico por la fiscal adjunta de José Pérez, Elvia Caro Izquierdo, al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria el 21 de abril pasado, cuatro días antes de que venzan las restricciones para salir del país.

Sepúlveda: testigo e investigado

El economista de nacionalidad chilena Gerardo Sepúlveda no pudo salir del país por 2 meses por orden del juez Richard Concepción Carhuancho el 26 de febrero pasado.

Ello por la investigación Interoceánica Sur, donde tiene la condición de “testigo importante”. Por este tema, Sepúlveda tiene pendiente desde febrero una apelación para revertir esta limitación y que tampoco fue programada por el Poder Judicial, antes del estado de emergencia

En cambio, en el caso Westfield Capital Sepúlveda sí es investigado y también hay una apelación pendiente de la Fiscalía para que se le imponga prisión preventiva por 36 meses, por haber sido parte de las asesorías que brindó a Odebrecht junto a Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno de Alejandro Toledo.