La presidenta de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Inés Villa, envió un oficio al fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, sobre los cuestionamientos relacionados a las audiencias programas para evaluar los pedidos de cese de prisión preventiva de los investigados del caso Lava Jato.
El pasado viernes 17 el fiscal superior envió un documento a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, mostrando preocupación porque los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional realizan audiencias que “no se encontrarían dentro del rubro de urgentes e inaplazables durante el aislamiento establecido a nivel nacional”.
Ante ello, Villa sostuvo que las resoluciones administrativas emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el estado de emergencia disponen exhortar a los jueces de la especialidad penal para que en todos aquellos en los que tengan competencia y posibilidad de atención “revisen incluso de oficio, la situación jurídica de los procesados y sentenciados privados de su libertad con el objetivo de evaluar modificaciones en su condición jurídica”.
Asimismo, la titular de la Corte Superior indica que en ese caso se puede apreciar el documento en el que "los jueces penales de la jurisdiccional nacional estarían cumpliendo con las disposiciones administrativas emitidas”, según se lee.
Sobre el tema, Vela Barba también objetó las audiencias virtuales y/o presenciales, que no se encontrarían dentro de los presupuestos de urgentes e inaplazables para su realización, y "que conlleven a que se tenga que vulnerar el Estado de Emergencia con aislamiento social dictado por el Poder Ejecutivo, puesto que el representante del Ministerio Público tendría que acudir a las instalaciones del Ministerio Público a revisar el contenido de la carpeta fiscal dada la gran complejidad de los casos que se tramitan en el Equipo Especial”.
En ese mismo sentido, el coordinador del Equipo, por intermedio de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidió el informe del ministro del Interior, Carlos Morán, sobre el adecuado desarrollo de la medida mencionada, la cual se efectúa como reemplazo de la prisión preventiva a fin de acatar el estado de emergencia por la propagación del coronavirus en el país.