Interrogatorio a Gerardo Sepúlveda por caso Gasoducto Sur será reprogramado

Gerardo Sepúlveda Quezada, empresario chileno involucrado en el caso Odebrecht, deberá declarar ante al Ministerio Público luego de finalizado el estado de emergencia decretado por el coronavirus (COVID-19), cuya duración está prevista hasta el 12 de abril.

Esta diligencia fue programada con anticipación el 27 de febrero último, cuando la fiscal Geovana Mori decidió formalizar la investigación contra los implicados en el caso Gasoducto Sur, que conduce en el segundo despacho del Equipo Especial Lava Jato.

La fecha programada desde entonces, el lunes 13 de abril a las 9.30 a. m. (un día después de que culmine el aislamiento social obligatorio), será pospuesta para otro día una vez restablecidas las atenciones y el funcionamiento de varias instituciones del Estado.

Según indicaron fuentes de La República, “nadie puede ingresar a las oficinas del Equipo Especial hasta que la Fiscalía de la Nación lo autorice. Si se levanta la inmovilización, se deberán reprogramar las diligencias así como pedir la reposición de los plazos”.

El caso Gasoducto Sur así como los demás concernientes a los presuntos sobornos que entregó Odebrecht al Perú se encuentran paralizados desde el 16 de marzo, cuando el Ejecutivo dictó la cuarentena primero por 15 días, para ser ampliados posteriormente hasta el 12 de abril de 2020.

Desde aquella ocasión quedó en suspenso la audiencia de prisión preventiva para los exfuncionarios Nadine Heredia Alarcón, Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, precisamente por el caso Gasoducto Sur, así como otros pedidos de la Fiscalía en otras carpetas de investigación.

Sepúlveda: testigo e investigado

El economista de nacionalidad chilena Gerardo Sepúlveda no puede salir del país por 2 meses por orden del juez Richard Concepción Carhuancho el 26 de febrero pasado.

Ello en el contexto de la investigación Interoceánica Sur, donde tiene la condición de “testigo importante”. Por este tema, Sepúlveda tiene pendiente una apelación para revertir esta limitación y que aún no es programada por el Poder Judicial.

En cambio, en el caso Westfield Capital Sepúlveda sí es investigado y también hay una apelación pendiente de la Fiscalía para que se le imponga prisión preventiva por 36 meses, por haber sido parte de las asesorías que brindó a Odebrecht junto a Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno de Alejandro Toledo.