Somos culpables

Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad", reza la Constitución Política del Perú, así como diversas convenciones y tratados internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, como sucedió en la guerra contra el terrorismo, hoy su valor ha venido a menos en la lucha contra la corrupción estatal y política.

Es suficiente la filtración de la declaración de un aspirante a colaborador eficaz o la difusión de una disposición de investigación para que una persona sea considerada culpable y todo acto de defensa, tachado de obstrucción. La prueba, el debido proceso, el derecho de defensa ya no importan.

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Esto entraña un gran peligro para la convivencia social y la democracia. Un inocente puede terminar en prisión o estigmatizado por el resto de su vida. Si en el día uno, todos los investigados de Lava Jato, Cuellos Blancos y otros cientos de investigaciones son culpables, el único resultado final aceptable será la condena penal.

Pero sucede que por diferentes motivos, desde falta de pruebas, inexistencia de delito o hasta fallas en la legislación penal, no todos serán declarados culpables. Hay muchos temas de legislación cuyo análisis se está postergando. Entonces, el descrédito para el sistema judicial puede ser más grande que los aplausos que hoy genera.

La presunción de inocencia no protege al delincuente o corrupto. Su objetivo es defender a un inocente del abuso, excesos o errores del sistema esta-tal de persecución penal. La búsqueda de la verdad supone que aún no la conocemos. Si difundimos que todos son culpables, partimos de una falsa verdad.