Ministro elaboró documento que sirvió para que Odebrecht gane millonaria licitación

Juan Carlos Liu Yonsen, actual titular del Ministerio de Energía y Minas, fue fundador y gerente general de COSANAC, empresa que realizó un informe de evaluación que concluyó que el Gasoducto Sur Peruano debía ser una obra de asociación público privada (APP) y así dio origen a que Odebrecht gane la licitación más adelante.

De acuerdo a un reportaje de Panorama, la empresa de Liu Yonsen realizó un informe de evaluación en una semana a finales del 2012. “Prestamos en algunos momento servicios a Odebrecht, pero era de natural regulatoria”, aseveró el ministro.

No obstante, en la declaración jurada de intereses que presentó al ser elegido como funcionario de alto cargo, no consigna que brindó los servicios de consultoría. Incluso, Liu Yonse se desempeñó como consultor en el ministerio de Energía y Minas desde 2010 al 2014 cuando también era consultor externo en COSANAC.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Es decir, fue consultor de la constructora brasilera y asesor del ministerio al mismo tiempo.

COSANAC, empresa elegida sin concurso público previo, realizó en 2012 un informe de evaluación para determinar si el Gaseoducto Sur Peruano era cofinanciado o autosostenible. Posteriormente, el entonces ministro de Energía y Minas Jorge Merino presentó el documento al director de ProInversión y solicitó incorporarlo al proceso que dio origen a licitación de millonaria obra.

Jorge Merino, ministro de Energía y Minas durante el mandato de Ollanta Humala, actualmente es acusado por la fiscal Geovana Mori por colusión en el marco del caso Gaseoducto.

Precisamente, se sindica al exministro por haber solicitado a ProInversión incorporar el proyecto propuesto en el informe de evaluación realizado por la empresa de Liu Yonsen.

Asimismo, Juan Carlos Liu Yonsen afirmó no conocer a Jorge Barata. No obstante, expresó que durante su gestión en el Ministerio de Energía y Minas se reunió con algunos funcionarios de Odebrecht antes de que presenten la demanda al Estado por US$1 200.