Entre la necesidad y la impunidad

La mayoría de electores optaron hace un par de semanas por organizaciones que colocaron en sus listas al Congreso a investigados por delitos, algunos en víspera de iniciar juicios o con sentencias penales. Las cabezas de esas formaciones invirtieron para ser protegidos en el Legislativo, como José Luna Gálvez, uno de esos terratenientes de la política que opera entre lo formal y lo ilegal, y para quien el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva mientras lo investiga por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, entre otros, por sus tratos con Luis Castañeda y las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.

La otra gran línea de pesquisas sobre corrupción, la de los Cuellos Blancos, está también ligada a Luna y a su hijo homónimo: Podemos Perú logró su inscripción gracias a un trato favorable e irregular de uno de los operadores de esa mafia: José Cavassa. Luna hijo, virtual congresista, hizo pagos exorbitantes, desde Telesup, a dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura investigados por formar parte de la red corrupta del sistema de justicia.

Por sus antecedentes y por la situación de algunos de sus dirigentes, Podemos Perú, APP, un sector de AP, Fuerza Popular y Somos Perú llegan al Parlamento interesados en mantener redes de impunidad que fueron efectivas en el Congreso disuelto. Sus electores escucharon sus ofertas a problemas cotidianos e inmediatos de seguridad ciudadana y dificultad económica.