Elmer Mamani
Varios de los candidatos que pelean por hacerse de una curul en el Congreso ya pasaron por la administración pública. Algunos salieron “chamuscados” de esa experiencia. Hay 43 aspirantes en las regiones del sur con presunta responsabilidad administrativa, cuando fueron funcionarios o autoridades políticas.
Esto se pudo conocer gracias a la plataforma virtual elaborada por la Contraloría, denominada “En estas elecciones ...tú tiene el control” ( www.contraloria.gob.pe). Aquí los electores pueden consultar si sus postulantes están inmersos en auditorías o informes realizados por el entidad fiscalizadora.
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Cusco es la región del sur en que se presentaron más casos. Uno de ellos es el de Óscar Mollohuanca del Frente Amplio. Cuando fue alcalde de la provincia de Espinar, exoneró del proceso de selección la compra de pacas de heno ante emergencia por nevadas. Sin embargo, la declaratoria no cumplía con los requisitos y la ayuda se dio en eventos sin relación. Colaboró en un perjuicio de S/ 121 870.
Otro caso es el de Marleny Soncco Farfán de Solidaridad Nacional. En el 2009 y cuando fue directora de la Oficina de Personal de la municipalidad de Cusco, aprobó pagos por alimentos a servidores y al alcalde, aunque no les correspondían. Ayudó a una afectación global de S/ 1 151 375.
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En la lista también está Efraín Murillo Castillo, que postula por Avanza País. No cumplió sus funciones como gerente de la municipalidad de Chumbivilcas, al no coincidir los saldos contables de los periodos 2007 y 2008. Asimismo, la aspirante por Democracia Directa, Paulina Estela Moller Santillana, colaboró para que se aumenten indebidamente el sueldo el alcalde y la dieta de los regidores, cuando fue concejal de la municipalidad de Canchis.
En Arequipa, hay también candidatos que habrían actuaron indebidamente. El postulante de Acción Popular, Edwin Martínez, fue operador de Informática de la Sunarp Arequipa. Se le achaca dar conformidad a servicios de proveedores cuando no le competía.
Los de Fuerza Popular, José Cárcamo Mattos y Víctor Luis Mejía, están también cuestionados. El primero es acusado de favorecer a empresas por el alquiler de maquinaria. Firmó el contrato siendo alcalde de la provincia de Caravelí (2007-2010), sin revisar que no cumplían con la documentación. Esto generó un perjuicio de S/ 1 313 820. Además, Mejía, siendo alcalde del distrito de Ayo (Castilla) en 2009, autorizó el pago adicional al tesorero de la comuna, aparte de su sueldo (doble percepción). También firmó contratos sin revisar que las empresas no cumplen con los requisitos exigidos.
Eleana Vela Ramos de Perú Nación también es cuestionada. En el cargo de gerenta de Administración de la municipalidad de Mariano Melgar, aprobó planillas de remuneraciones para directivos de confianza, cuando no les correspondía ser beneficiados por pactos colectivos del 2007 al 2011.
Toda información sobre los candidatos al Congreso es relevante, sobre todo ante el corto periodo que tienen los electores para poder decidir por quién votar. La plataforma confeccionada por Contraloría ayuda mucho al voto consciente.
Sobre todo es importante conocer el papel de los candidatos cuando fueron funcionarios y autoridades, qué manejo le dieron a los fondos públicos. Si hubieron casos de corrupción o se dispuso que se inicien procesos administrativos por presunta responsabilidad, la información nos ayuda a descartar a los aspirantes.