Línea Amarilla: recurso que liberaría a exfuncionario de Susana Villarán se evaluará en diciembre

El Poder Judicial fijó como fecha para el 13 de diciembre la revisión de la casación presentada por Domingo Arzubialde, condenado por el caso Línea Amarilla. Ese día se discutirá si se admite o no el recurso.

Arzubialde, exgerente de Promoción e Inversión Privada de Susana Villarán, busca con el pedido presentado el 26 de junio pasado, su libertad y anular la sentencia que recibió por negociación incompatible. Acorde con el fallo, habría favorecido a la empresa LAMSAC con el alza de peajes desde el 2013.

Cabe indicar que esta sesión de los cinco magistrados que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, será reservada.

En caso este cónclave presidido por el juez supremo César San Martín decida admitir la casación, se fijará una nueva fecha para la audiencia donde deberán asistir la Fiscalía y la defensa de Arzubialde.

Por el momento, la Procuraduría ad hoc dirigida por Jorge Ramírez, solicitó a la misma sala en agosto pasado que no se admita el recurso.

El abogado de Domingo Arzubialde, Carlos Bernal Gamarra, sostuvo anteriormente para este diario que buscan la absolución de su defendido a la vez que un pronunciamiento de fondo “y crear un precedente respecto al delito de negociación incompatible y tipo de contrataciones con el Estado (asociaciones público-privadas)”.

Peaje, condena y reparación civil

El 29 de mayo, en segunda instancia, la Sala de Apelaciones Anticorrupción le impuso a Arzubialde una pena de 4 años y 4 meses de prisión por el delito de negociación incompatible.

Ello a raíz de una presunta concertación con el consorcio LAMSAC (Línea Amarilla S.A.C.) integrado por la empresa brasileña OAS.

La suscripción de una adenda que amplió la concesión de 30 a 40 años y el aumento progresivo del peaje en Lima desde el 2013 con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) motivaron la resolución final.

En aquel juicio, sin embargo, quedó pendiente otro proceso exclusivo para determinar el monto de reparación civil a pagar al Estado por los perjuicios ocasionados.

La Procuraduría ad hoc solicitó entonces el pago al Estado de S/17 millones que debían compartir tanto Arzubialde como LAMSAC. Sin embargo, será el juez Raúl Caballero Laura, del Segundo Juzgado Unipersonal quien determine la cantidad específica a pagar. Desde el 28 de agosto que no programa una fecha para que inicie este juicio.

Asimismo, el 3 de octubre pasado LAMSAC así como OAS Brasil y OAS Perú fueron incorporados como terceros civilmente responsables en el caso contra Susana Villarán. De ser posible una sentencia contra ella y otros 18 investigados, todos incluyendo ambas empresas pagarían US$20 millones al Estado.