Humberto Abanto y más árbitros cumplen prisión preventiva en penal de Ancón I
El INPE determinó que los 14 abogados involucrados en el caso Odebrecht fueran internados al Penal de Ancón I para cumplir 18 meses de prisión preventiva.
Tras dictarse 18 meses de prisión preventiva contra 14 abogados involucrados en el caso ‘Arbitrajes’, en el marco de las investigaciones contra la constructora Odebrecht, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) ordenó que los involucrados sean traslados al Penal de Ancón I.
Humberto Abanto y otros árbitros recibieron la medida restrictiva tras cometer presuntamente el delito de cohecho agravado, el cual fue determinado el lunes por el juez Jorge Chávez Tamariz, del tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.
En la lista de trasladados por el INPE figuran Moisés Meza Herrera, Alejandro Álvarez Pedroza, Joel de la Cruz Aparicio, Alfredo Zapata Velasco, Carlos Villanueva Pozo, Cristian Quispe Cruz, Fernando Cantuarias, entre otros.
La institución también clasificó a los demás implicados a otros centros penitenciarios de máxima seguridad entre los cuales figuran Ancón I y Castro Castro.
Prisión Preventiva
Como se recuerda, el lunes el juez Jorge Chávez ordenó la inmediata captura de los abogados debido a que fungieron como árbitros en controversias entre Odebrecht y el Estado peruano, emitiendo laudos a favor de la firma brasileña a cambio de sobornos.
Cabe precisar, que de la decisión judicial se salvó el árbitro Emilio Casina Rivas, por sus 87 años, y su hijo Emilio Casina Ramón, pues este último no se desempeñó como árbitro legal, sino como asesor legal para las demandas de dicho arbitraje.
Asimismo, según la Fiscalía, los árbitros habrían recibido sobornos para resolver las demandas de arbitraje con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a favor de Odebrecht.
Por tanto, en base a haber un peligro procesal de fuga u obstaculización de la investigación, finalmente se decidió tomar la medida de restricción de la libertad a los abogados, considerando suficiente el plazo de 18 meses. No obstante, todos los implicados apelaron.
