En el caso del Gasoducto Sur, el juez Manuel Chuyo evaluó el pedido de la fiscalía de 7 años de prisión para Edgar Ramírez, expresidente del Comité de Seguridad Energética de Proinversión; y de 6 años y medio de cárcel para la exapoderada legal de Odebrecht, Claudia Hokama.
A ambos el fiscal Reynaldo Abia los acusa por el presunto delito de colusión agravada.
El fiscal Abia también solicitó 4 años y cuatro meses de prisión para Ramírez por negociación incompatible.
La tesis fiscal señala que hubo concertación entre los acusados para obtener la buena pro durante el gobierno de Ollanta Humala.
Además, entre 2008 y 2013, Ramírez realizó asesorías para Odebrecht mediante la empresa Latin Energy Global Service.
Por su parte, la procuradora adjunta del caso Lava Jato, Silvana Carrión, solicitó el pago de S/ 1476 millones a favor del Estado por los daños ocasionados.
Culminado el control formal, el juez Manuel Chuyo dispuso que el siguiente martes se evalúen 264 medios de prueba de la Fiscalía.