Por: Angela Ccanto Buendía
El exfuncionario del gobierno aprista Edwin Luyo Barrientos apeló la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de investigar y juzgar los delitos contra la administración pública y lavado de activos de manera separada.
Los delitos por los que Luyo Barrientos es investigado son tráfico de influencias, cohecho pasivo y colusión. A esto se agrega que la acusación fiscal ya está formulada por lavado de activos en el caso Odebrecht, por la que la Fiscalía pide 25 años de cárcel para Luyo Barrientos.
Durante la audiencia de apelación que se desarrolló en la Sala Penal Nacional, la defensa de Edwin Luyo, Luis de la Cruz, citó el artículo Nº 47 del Código Procesal Penal, que indica que la acumulación de delitos es obligatoria en caso sean conexos. Sin embargo, el juez Concepción Carhuancho considera que las pruebas para ambas acusaciones son distintas.
Raúl Carvajal, fiscal adjunto superior de lavado de activos, refiriéndose al pedido de la defensa de Edwin Luyo, indicó que el objetivo del imputado es salir en libertad, ya que el plazo de la ampliación de prisión preventiva está a punto de vencerse. Con ello podría evadir a la justicia con una posible fuga.
Con la acumulación de ambos delitos, como lo exige la defensa, esto podría lograrse. Además, consideró que el delito de lavado de activos es autónomo y no necesita ser acumulado con otras imputaciones.
Carvajal indicó que las diligencias por los presuntos delitos contra la administración pública se han ampliado durante el proceso. Por tal motivo, tomará más tiempo adjuntar las pruebas y formular acusación.
Los jueces que decidirán aceptar la apelación de Luyo o no son Porfiria Condori, Rómulo Carcausto y Sonia Torrez. Ellos indicaron que su decisión sería notificada en los próximos días. Edwin Luyo participó en la audiencia mediante videoconferencia.
Procuraduría. En la audiencia estuvo presente un abogado de la Procuraduría ad hoc, Rodrigo Zegarra, quien indicó que la apelación de Luyo no debió ser aceptada.
Acusado. El expresidente del Comité de Licitación del Metro de Lima agregó que la Fiscalía lo acusó sin sustento de dilatar el proceso, motivo por el cual se amplió la prisión preventiva.