Arequipa: No hay nada claro sobre los módulos de tierras en Majes II

Edwar Quispe

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, asistió a la sesión extraordinaria de la Comisión Investigadora de Majes Siguas II del Congreso, realizada en Lima. Allí insistió en que los módulos de las parcelas sean de 5, 10 y 20 hectáreas. El megaproyecto agrícola contará con 38 500 hectáreas de terreno.

Tanto él como sus asesores pidieron un año de plazo para dar a conocer la distribución de las tierras. Lo que sí dejó en claro la autoridad es que empezarían la venta dos años antes de que finalice el proyecto.

Si bien los primeros cuestionamientos en la comisión surgieron en torno a la firma de la adenda 13, que consiste en el cambio tecnológico; los parlamentarios Alejandra Aramayo y Justiniano Apaza insistieron en criticar la propuesta de módulos de tierras de Cáceres y su equipo.

Hasta el momento los módulos están fijados en 200 hectáreas y se propone que Proinversión esté a cargo de la venta. Sin embargo, una de las promesas de campaña de Cáceres fue que Majes II sea para los arequipeños y no para los grandes grupos económicos, por eso se plantearon cambios al proyecto.

Durante su exposición, el equipo de Cáceres Llica explicó que para que los agricultores accedan a su propuesta de pequeños módulos, deberán asociarse y trabajar la tierra de manera empresarial, para convertirse en grupos competitivos para la exportación. “Deben ser los arequipeños, la gente del sur quienes tengan acceso a estas tierras de manera asociativa”, dijo Cáceres.

Para el congresista Justiniano Apaza Ordóñez, nada de lo dicho por Cáceres está respaldado con estudios, solo su voluntad política. “El gobernador generó muchas expectativas para realizar cambios en el diseño de Majes II para que el proyecto beneficie a los pequeños y medianos agricultores arequipeños. Considero que, al final, serán los intereses del Grupo Cobra, con el aval del MEF, los que se impondrán para beneficiar a un pequeño grupo de nuevos latifundistas”, dijo el parlamentario.

Apaza sustentó su reclamo basado en los cambios planteados por Cáceres al proyecto con la firma de una supuesta nueva adenda 13, que plantea el cambio tecnológico con un sobrecosto de 104 millones de dólares, que al final solo encarecería el precio de las tierras de Majes.

Según indicaron los asesores del gobernador, la concesionaria Cobra asumirá el costo del cambio tecnológico, pero será el Ministerio de Economía y Finanzas quien decida cómo resarcirá la inversión al privado. “Lo que está claro es que el mayor costo del proyecto será trasladado al precio de la tierra, de tal manera que se estima que la hectárea se incrementaría, aproximadamente, hasta 7 900 dólares”, puntualizó Apaza.

Cáceres indicó que pidieron el apoyo del MEF, Proinversión y la Contraloría; sin embargo, Alberto Arteaga, gerente de la Contraloría en Arequipa, indicó que el gobierno regional no ha pedido la opinión de la Contraloría sobre la firma de la adenda 13.

De acuerdo a la ley de control, todas las inversiones que incrementan en 15% sus montos originales deben ser revisadas por la Contraloría y obtener su visto bueno. No es un tema facultativo, sino una obligación.

Este es el caso del proyecto Majes Siguas II, ya que su presupuesto inicial era de 420 millones de dólares y con la adenda llegaría a 654 millones de dólares.

Cáceres reitera que se debe anular licencia para diálogo

El gobernador regional Elmer Cáceres Llica indicó durante su disertación que no cambió su discurso político respecto al proyecto minero Tía María.

Durante la intervención de la congresista Alejandra Aramayo en la sesión de la comisión, hizo un llamado a que no se utilice la protesta del valle de Tambo (Islay) con un tinte político y que se respete los intereses de los arequipeños.

Cáceres aclaró que él no está incitando a la protesta, pero sí pidió que hagan llegar el mensaje de Islay respecto a que se otorgó luz verde a Tía María sin tomar en cuenta la licencia social. Reiteró que primero tiene que anularse la licencia de construcción del proyecto minero para que se pueda instalar una mesa de diálogo en Tambo.