Cierre del Congreso: 58% prefería que se convoque a nuevas elecciones

La cuestión de confianza planteada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, significó un repunte en su aprobación que alcanzó 47% y reveló el desacuerdo de la población con el actual Congreso de la República.

Según la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República, el 58% de los peruanos hubieran preferido que se negara la confianza al Gabinete Ministerial, liderado Salvador del Solar.

Esta medida provocaría que el mandatario disuelva el Parlamento y se convoquen a nuevas elecciones congresales. Un 34% está a favor que se haya aprobado la medida y se continúen trabajando en la reforma política.

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El pasado 4 de junio, el primer ministro Salvador del Solar se presentó ante el Pleno del Congreso para oficializar la cuestión de confianza que buscaba la pronta aprobación de la reforma política.

Este recurso constitucional fue planteado por el Ejecutivo luego que la Comisión de Constitución del Legislativo, liderado por la fujimorista Rosa Bartra, archivara una iniciativa legal sobre la inmunidad parlamentaria. Además, Fuerza Popular blindó una ves más al fiscal supremo Pedro Chávarry vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Reforma política

Los encuestados señalan que a pesar que el Congreso dio el voto de confianza al Ejecutivo, basada en la reforma política, los legisladores dilatarán el debate de los proyectos de ley y no llegará a aprobarlos.

Sin embargo, el 22% de los ciudadanos indicó que el Legislativo sí aprobará las reformas políticas, pero con cambios que no alterarán la propuesta original. Esta idea es la que el Ejecutivo permite que se enriquezca la propuesta sin llegar a desnaturalizarla.

El 46% resaltó que la cuestión de confianza era una medida necesaria porque la reforma es urgente para mejorar la política del país.

Entre 64 y 82% de los peruanos están de acuerdo con la iniciativa del Poder Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria, la tipificación como delito del financiamiento ilegal de organizaciones políticas, el impedimento a postular a cargos públicos los sentenciados por delitos dolosos en primera instancia, las elecciones internas en partidos políticos, voto preferencial a paridad y mayor facilidad para inscribir una organización política.