El Informante: El sol de oro, por Ricardo Uceda

El InformanteTres momentos del acuerdo entre OAS y la Municipalidad de Lima. Recuerdos del 2011. Una trampa en los Eventos Especiales. La importancia de la letra chica. Por qué volaron las tarifas de los peajes.,La semana pasada, una Sala Penal de Apelaciones dispuso cuatro años de prisión efectiva para Domingo Arzubialde, uno de los gerentes de la administración de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima, por haber favorecido a LAMSAC –de la brasileña OAS– en el cálculo de los peajes del proyecto Línea Amarilla. La estimación de las tarifas fue parte de un gran dolo. ¿Cómo pasaron a costar de tres soles en 2013 a 5.70 en 2019, cuando en el período la inflación solo subió 15%? PUEDES VER Línea Amarilla: PJ ratificó condena contra exfuncionario de Villarán Las investigaciones de la fiscalía cubren la etapa que va desde la firma del contrato en 2009 por el ex alcalde Luis Castañeda, pasan por la modificación del mismo en 2013, en las postrimerías de la administración Villarán, y llegan al tercer mandato de Castañeda, que cambió nuevamente los términos en 2015. Para entonces LAMSAC administraba un sector de la Vía Evitamiento, tras haber construido un túnel de dos kilómetros hacia el Callao, debajo del río Rímac. Sale un 7% Hasta ahora se han revelado pagos de OAS de US$ 7 millones para dos campañas de Susana Villarán (revocatoria, 2013; reelección, 2014)) y de US$ 100,000 para la postulación de Luis Castañeda en 2014. La presunción, en el caso de Villarán, es que mediante una adenda modificó los términos del contrato para favorecer a la compañía. Fue firmada un mes antes del referéndum revocatorio. Un aspecto que está pasando desapercibido es que, para ello, la administración Villarán tuvo que tirar por los suelos bases de renegociación que ya había acordado con OAS dos años antes. El episodio es clave para todo análisis económico y judicial sobre la corrupción en la obra. Entre marzo y mayo del 2011 renegociaron arduamente los representantes de LAMSAC-OAS, Valfredo de Assis y André Bianchi, con el gerente municipal y el de inversiones público-privadas de Lima, Miguel Prialé y Diego Ferré. La nueva administración pretendía mayores beneficios para 1,500 familias que iban a ser desplazadas, añadir intercambios viales, y adornar el Rímac con el proyecto denominado Río Verde. Todo lo cual, entre otras mejoras, fue aceptado por los brasileños. Lo que no querían era conceder un porcentaje del cobro a los usuarios. En el contrato del 2009, LAMSAC recuperaba jugosamente su inversión de US$570 millones con el íntegro de los ingresos del peaje de Vía Evitamiento durante treinta años. Eran el principal ingreso municipal: unos 55 millones de dólares anuales en 2011. PUEDES VER Caos y violencia en Panamericana Norte por peajes Acta olvidada Finalmente, a cambio de aumentar de treinta a cuarenta años la concesión, OAS cedió el 7% de los ingresos del peaje. Se firmó un acta, hasta el momento no publicada. En un informe al Concejo Metropolitano, Prialé aseguró que la municipalidad había obtenido mayores ingresos netos por más de US$ 200 millones en relación con los términos anteriores. Pero el acta era en realidad un preacuerdo. No se podía aplicar porque, según la ley, la adenda a un contrato de inversión público-privada recién puede firmarse al tercer año de suscrito. Cuando llegó el momento de hacerlo el contexto había cambiado. En enero del 2012 se produjeron cambios administrativos: José Miguel Castro reemplazó a Miguel Prialé, y Domingo Arzubialde a Diego Ferré. Es difícil decir si en ese momento ya actuaba el móvil de la corrupción. Lo cierto es que los gerentes salientes, dándose más tiempo –algo impolítico en esa coyuntura– pretendían hacer concursar a empresas extranjeras de primer nivel en el proyecto mayor, Rutas de Lima, que aquel año se alzó Odebrecht sin competición. Para entonces ya estaba en marcha el recojo de firmas para pedir al JNE un referéndum revocatorio contra la alcaldesa. La primera adenda al contrato se firmó en febrero del 2013. Había una diferencia fundamental respecto al acuerdo suscrito en 2011. Eventos especiales Los acuerdos del 2011 planteaban eliminar del contrato inicial una relación de eventos de fuerza mayor que no calificaban como tales, y que la municipalidad aceptaba indemnizar. Es usual que los contratos de obras públicas protejan a las empresas de grandes cataclismos o de sucesos que encarecen las obras inesperadamente, entre ellos obstáculos generados por el propio contratante. Pero en el contrato original casi todo el riesgo de accidentes geológicos, de interferencias diversas y de disposición de terrenos, era trasladado a la municipalidad. La adenda del 2013 no corrigió esta cláusula, que había desaparecido en la negociación del 2011. Solo le cambió el nombre: Eventos Especiales. PUEDES VER Luis Castañeda: Irregularidades en contratos y peajes entre la MML, OAS y Odebrecht Y ocurrió que, en octubre del 2014, mediante trato directo, la municipalidad reconoció Eventos Especiales por 142 millones de dólares. Para cubrir esta cantidad se aumentó en un sol la tarifa de peaje, que sólo debía ser alterada por variaciones del índice de inflación y del tipo de cambio. Este sol disparó los ingresos de OAS hasta niveles difíciles de calcular. Un sol de oro. Una medida de los pingües acuerdos de OAS la brinda el precio por el que vendió el proyecto a la francesa Vinci, en agosto del 2016: 1,430 millones de dólares. Más del doble de lo invertido. Letra chica La abismal diferencia hace insignificantes los siete millones empleados por OAS para corromper a la administración Villarán. Pero también dice mucho acerca de la importancia de la letra chica en este tipo de convenios. Las investigaciones pueden confirmar si el acta del 2011 efectivamente beneficiaba en US$ 200 millones a la comuna respecto del contrato original. Es posible, entonces, que el perjuicio estuviera más en los Eventos Especiales y en la manipulación de las tarifas que en la prórroga de la concesión a OAS con 7% de participación municipal. La tercera administración Castañeda hizo otro aumento distorsionado que aún no es visto en juicio.