El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique Linares, habla sobre el reciente caso de una presunta agresión del gobernador Elmer Cáceres Llica en contra de su esposa.,La Defensoría del Pueblo en Arequipa ve con preocupación la política de puertas cerradas de la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), al mando de Elmer Cáceres Llica. En esta entrevista, el representante de la entidad, Ángel Manrique Linares, le recuerda sus funciones como autoridad. Hay una suerte de inestabilidad dentro del gobierno regional a raíz de las denuncias contra el gobernador Elmer Cáceres. ¿Cómo percibe esta realidad la Defensoría? En la Defensoría del Pueblo no emitimos una opinión política pero advertimos con preocupación que en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no exista una posición al diálogo, transparencia para informar a la población. Si es que hay alguna denuncia concreta, la autoridad política tiene el deber de dar explicaciones y esclarecer los hechos. Está en riesgo la legitimidad de la autoridad, que puede haber ganado en elecciones, pero al no tener una respuesta clara por las denuncias, incrementa el descontento de la población. PUEDES VER: Funcionaria no logra justificar denuncias de violencia contra gobernador Elmer Cáceres [VIDEO] El gobernador justifica su silencio a raíz de su mala relación con la prensa. Además define a las denuncias periodísticas como un atentado a su honor. Hay que diferenciar dos aspectos. Uno es la relación de la autoridad con los medios de comunicación y otro es el deber de las autoridades de informar a la población. Creo que no lo están entendiendo. Así tenga un desencuentro con algún medio de comunicación, tiene el deber de informar qué hace y rendir cuentas de su función. Ahí hay un deber legal por parte de todas las autoridades políticas. ¿El trabajo de los medios de comunicación, al difundir las denuncias del gobernador, vulnera su derecho a la intimidad o como figura pública está sujeta a todo cuestionamiento? Toda persona que se vea afectada en su honor tiene el derecho de iniciar acciones judiciales y administrativas. Pero no confundamos el trabajo de ciertos medios de comunicación, respecto al deber que tienen todas las autoridades de actuar de manera transparente. La cultura del silencio o secretismo lo que hace es generar especulaciones sobre los actos de corrupción. Nuestra recomendación es que actúen con transparencia, que informen a la población y rindan cuentas. Este silencio se da en un marco de denuncias por agresión sexual y violencia. Están los casos de la ciudadana francesa, una estudiante universitaria y los mensajes amenazantes hacia su esposa hace algunos años. Corresponde al Ministerio Público (MP) y al Poder Judicial (PJ) acelerar las investigaciones y declarar la culpabilidad o no sobre los hechos. Las autoridades políticas también están sujetas al debate público y la investigación periodística y sobre eso no sirve de nada alimentar una cultura del silencio que perjudica a la autoridad y afecta la democracia. Estas denuncias lo dañan como figura pública. ¿Podrían generar una opinión negativa de la población sobre su probidad para el cargo? No voy a entrar a esos calificativos sobre un juicio político. Pero, en una sociedad democrática, la población tienen el derecho de estar informada y cuando no advierte transparencia se genera desconfianza. Eso es lo que pone en riesgo la gobernabilidad. El vicegobernador Walter Gutiérrez y un consejero regional deslizan la posibilidad de una vacancia contra Cáceres. Lo que esperan los ciudadanos es que sus autoridades trabajen coordinadamente, que cumplan todos los planes de gobierno presentados en periodo electoral y que atiendan las necesidades. No esperan pugnas políticas internas para satisfacer intereses personales. Las respuesta del gobernador ante las publicaciones fueron una serie de amenazas de denuncias periodísticas por haber hecho públicos aspectos de su vida. Si una autoridad se siente afectada, que inicie su acción judicial, pero no es justificación para que no informe a la población o no esclarezca los hechos de denuncia, para que justamente se acerque a la población e informe los planes de gobierno que hasta el momento no se conocen. Las denuncias contra el gobernador sufrieron varios traspiés como archivamiento, pérdida de documentos. Incluso un último caso por tocamientos indebidos contra una menor en el 2012 al final fue archivado. Corresponde al Ministerio Público cumplir con todas las diligencias necesarias para abrir una investigación. Ellos deben valorar los nuevos hechos que pudieran advertirse para lograr o no el desarchivamiento de la investigación. Exhortamos a los órganos judiciales para que cumplan las diligencias para esclarecer los hechos; segundo, que no tengan una visión proagresor en vez de proteger a la víctima. Las diligencias que programe el PJ y el MP no pueden exponer a la revictimización de la mujer o niñas víctimas de violencia.
