La presencia de Chávarry como titular del Ministerio Público es incompatible con la reforma judicial.,En otro país sonaría extraño que los investigados por corrupción y lavado de activos saluden alborozados la juramentación del fiscal que se supone actuará decisivamente contra el delito, y que lo defiendan fieramente. Sería muy especialmente extraño si este fiscal no tuviese ninguna vinculación con el delito y garantizase probidad y el fin a la impunidad. En el Perú eso sucede, extrañamente. Los políticos y partidos con deudas con la justicia, y sus voceros mediáticos, han salido en frenético tropel a respaldar al nuevo fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, protagonista de dos audios que lo inhabilitan para desempeñar la delicada labor de defender a la sociedad contra el delito y específicamente lucha contra la corrupción en la política. Quien encabeza esta defensa es Fuerza Popular, el partido al que los audios exponen como el grupo que capturó groseramente el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), infiltró la Corte Suprema, desembarcó en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, según los últimos hechos, tiene una presencia decisiva en la Junta de Fiscales Supremos. Chávarry ha jurado a pesar de todas las evidencias en su contra. Para conseguirlo, en las últimas horas ha realizado una huida hacia adelante, forzando una decisión de la Junta de Fiscales Supremos que lo habilitó para el cargo por una estrecha mayoría y con su propio voto, creyendo erróneamente que la posesión del cargo lo hace automáticamente inamovible. En épocas de crisis e incertidumbre, las imágenes simbolizan las victorias o las derrotas. La de ayer, la juramentación en solitario del nuevo fiscal de la Nación, es la imagen de un temprano revés de la reforma del sistema de justicia, aun antes de iniciarse. La sonora ausencia del presidente de la República, del premier, del defensor del pueblo y del contralor general, permite advertir la oficiosa presencia del presidente del Congreso, su único valedor, una institución que ha defendido a los protagonistas de los audios. La narrativa defensiva de sus aliados es surrealista. Arguyen que su reprobable comportamiento en los audios, donde intercambia favores con el otro defendido del fujimorismo, César Hinostroza, no comporta delito alguno y se resisten a discutir siquiera si su comportamiento es ético, “porque no es el momento”. Lamentablemente para ellos, la presencia de Chávarry como titular del Ministerio Público es incompatible con la reforma judicial. Ya no se trata de su primera biografía judicial al lado de la fiscal de Fujimori y Montesinos, Blanca Nélida Colán, sino de sus actividades actuales que hacen de su gestión un muro que se interpone en la lucha contra la corrupción. A este asunto personal se agregan las primeras informaciones que comprometen al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, y la cuestionable actuación del fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, el de las amenazas a los periodistas de IDL Reporteros y Panorama. No es extraño que Chávarry haya jurado gracias a los votos de estos dos magistrados.
