Cinco congresistas del sur tienen deudas pendientes con la justicia

Benicio Ríos, Edilberto Curro, Wilbert Rozas, Guillermo Martorell y Sergio Dávila, afrontan cargos por falsedad ideológica, corrupción, peculado, colusión, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. ,Benicio Ríos no es el único congresista que debe rendir cuentas ante la justicia. Sus colegas del sur también. Es el caso del legislador puneño por las filas del Frente Amplio, Edilberto Curro López. En enero, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro, Santos Poma, declaró fundado el pedido de levantamiento de su inmunidad. Se busca que comparezca en el proceso por presunta falsedad ideológica. La Fiscalía lo investiga por aprobar irregularmente cursos de la carrera de Derecho en la subsede de Azángaro de la Universidad Andina Néstor Cáceres. Inexplicablemente obtuvo notas sobresalientes, pese a que ya no vivía en Puno porque ya cumplía labor legislativa en Lima. La decisión del juez fue enviada a la Corte Suprema, a fin de que se requiera al Congreso autorizar el levantamiento de la inmunidad del legislador. El parlamento aun no se pronunció. Wilbert Rozas Beltrán, congresista por Cusco, también es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Dos casos ya han sido formalizados. En uno es acusado del presunto delito de peculado, debido a que cuando era alcalde de la provincia de Anta (2007-2010), avaló el acuerdo de incremento de su sueldo a S/ 5 mil 070 y de la dieta de los regidores a S/ 1 521. Según la acusación fiscal, el aumento se dio pese a la prohibición establecida en la Ley del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2007. También solicitaron el levantamiento de su inmunidad parlamentaria ante la Corte Suprema. El congresista de Fuerza Popular y representante de Tacna, Guillermo Martorell, fue sentenciado por el delito de colusión a 5 años de prisión por el Primer Juzgado Penal Unipersonal. Apeló el fallo. Martorell fue condenado debido a que mientras integraba el directorio de la Zona Franca de Tacna (era vicepresidente) en 2010, la ladrillera Maxx (propiedad de la familia Martorell) compró un predio de esta institución. La venta era irregular, según las normas de la zona franca y la Ley General del Sistema Estatal. En Arequipa, el juicio por presunto enriquecimiento ilícito del congresista oficialista Sergio Dávila Vizcarra iniciará el 17 de julio. Se le investiga por desbalance patrimonial en sus cuentas, entre los años 2007 y 2010, cuando ocupaba la alcaldía provincial de Camaná. En este periodo reportó ingresos de S/ 811 mil 790. No obstante, tras abandonar el cargo, sus rentas disminuyeron a S/. 272 mil 699. Así, se detectó un desbalance de S/. 722 mil. El Ministerio Público pide 6 años de cárcel efectiva e inhabilitación por el mismo periodo.