
Las normas sobre alternancia en el poder existen para garantizar que el ejercicio del poder sea temporal y que quien ya lo ocupó deba ganarlo de nuevo en las urnas. De hecho, en más de una ocasión, estas páginas editoriales han afirmado que la solidez de las instituciones electorales se prueba en su capacidad de sostener ese mandato cuando llega una presión política.
Rafael López Aliaga ejerció la Alcaldía de Lima durante el período 2022-2026. La Constitución le prohibía postular al mismo cargo de manera inmediata, en virtud del artículo 194. Pese a esa restricción, el exalcalde se inscribió como primer regidor en las Elecciones 2026, con la expectativa de asumir ese puesto por la vía de la sucesión.
Finalmente, y de forma ciertamente tardía, el Jurado Nacional de Elecciones puso fin a esa estrategia, al establecer que ese precepto también bloquea esa vía. Por si cupiera la aclaración innecesaria al texto constitucional.
No obstante, Renovación Popular respondió con dos movimientos. El 10 de noviembre presentó un recurso de reconsideración para revertir ese fallo. Además, interpuso una acusación ante el Congreso contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y pidió diez años de inhabilitación.
A pesar de ello, el pleno del JNE decidió rechazar la solicitud con sus cinco integrantes a favor, en aplicación del artículo 181 de la Carta Magna, que establece que los pronunciamientos electorales son irreversibles y no admiten recurso alguno. Nuevamente, reafirmando lo que ya era claro.
Allí reside la incomodidad que deja este desenlace. El JNE hizo pública sus definiciones recién después de las elecciones, cuando el voto había sido emitido. Esto generó que las condiciones de participación llegaran tarde y permitiera que la oferta política subnacional no sea clara para la ciudadanía en diversos territorios.
Como consecuencia, ahora, por ejemplo, Jeanette Alonzo, la siguiente regidora sin impedimentos legales para asumir el cargo, recibirá las credenciales y tomará las riendas de la Municipalidad de Lima. El problema de fondo es que el electorado desconoce su trayectoria porque ella no hizo campaña para asumir el sillón municipal.
Con todos esos intentos de treta, la máxima autoridad electoral le ha dicho al Perú que las decisiones electorales se sostienen, y eso es positivo, en última instancia. La tarea que sigue es garantizar que esa firmeza llegue antes del voto, no después de él. Y, por parte de los ciudadanos, surge la oportunidad de romper de una vez por todas el voto personalista y caer en la cuenta que finalmente un candidato viene o representa, en mayor o menor medida, un proyecto político partidario.

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