
El padre Robert Prevost, convertido en León XIV, ha vuelto al país que lo adoptó como suyo. Ha sido un regreso espectacular y en un tiempo excepcional. En Argentina, con solo decir que «la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía», causó un gran revuelo. Tales son estos tiempos. Reivindicar a los más frágiles, exigir justicia para las víctimas o simplemente recordar que la honestidad es una exigencia elemental para ejercer el poder resulta, para muchos, algo extraordinario.
En Lima, en su primer mensaje a las autoridades reunidas en el Gran Teatro Nacional, recordó que «la vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas». Es una idea fundamental para la convivencia y para encontrar caminos de diálogo y fraternidad. Al día siguiente, en la Plaza Mayor, lo reiteró de otro modo. Las diferencias no deberían separarnos, pues «precisamente porque somos diferentes» es que construimos una «común-unidad».
En su encuentro con los jóvenes universitarios en Chiclayo destacó el valor de la ciencia y del saber, que son la misión de la universidad, pero advirtió que ni el conocimiento ni la tecnología son neutrales y que siempre necesitan una dirección humana. «La tecnología no siempre es neutra», dijo, y añadió que «un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte».
En distintos momentos y lugares, el mensaje del Papa ha girado en torno a la igual dignidad de todos, sobre todo en el trato al diferente. Es un punto de encuentro con otras religiones, pero también con el núcleo normativo de los Estados constitucionales que surgieron en Europa luego de las experiencias traumáticas del fascismo y del nazismo. Por eso me parece tan relevante esta fijación del Papa con la igual dignidad. La dignidad no solo tiene una dimensión ética, también crea obligaciones jurídicas para el Estado y para las grandes corporaciones. Está en el centro de la doctrina social de la Iglesia, pero también en el centro del Estado social y democrático de derecho. No es un asunto aislado ni exclusivo de la fe católica.
Para las constituciones de la posguerra, la Ley Fundamental alemana de 1949 ha sido la referencia. En su artículo primero establece: «La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público». Las constituciones de 1979 y de 1993 lo recogieron en su primer artículo, al declarar que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son «el fin supremo de la sociedad y del Estado». De este modo, la dignidad no es solo un valor fundamental, es también un derecho que genera obligaciones. Quiere decir que ninguna mayoría, ninguna política económica y ningún algoritmo pueden tratar a una persona como un simple medio, como una cifra o como algo prescindible. Y quiere decir también que esa obligación no se agota en el Estado. Alcanza a toda la «sociedad», especialmente a las empresas que contratan, que diseñan tecnologías o que explotan recursos en territorios donde viven personas.
Igual dignidad no significa, sin embargo, homologación. Significa un compromiso mayor con quienes parten en desventaja. El Papa lo hizo visible al hablar de las mujeres. Ante las autoridades recordó a «tantas mujeres peruanas que han sostenido comedores populares y ollas comunes» y pidió que todas puedan «desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación». En la Plaza Mayor fue todavía más enfático. «¡Valoremos a las mujeres! ¡Protejamos y respetemos a las niñas!». Y lamentó que el machismo golpee doblemente a las mujeres pobres y a las comunidades indígenas. En Buenos Aires había dicho algo parecido sobre los enfermos y las personas con discapacidad, cuya dignidad, dijo, «reclama especial atención».
Como ha escrito Ferrajoli en su Manifiesto por la igualdad, la igualdad es el macroderecho y existe porque somos diferentes y porque somos desiguales. En nuestras diferencias, la igualdad reclama igual consideración y respeto atendiendo a esas diferencias, y en la lucha contra las desigualdades, la exigencia es «que nadie quede atrás». No basta con que la ley nos trate a todos por igual si la realidad nos coloca en puntos de partida muy distintos. Nuestra Constitución lo asume cuando obliga al Estado a brindar «oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad». Defender la igual dignidad exige, por eso, mirar la diferencia y hacerse cargo de ella. La mujer que sostiene sola a su familia, el campesino que vive lejos de la capital, la persona con discapacidad o el adulto mayor sin pensión no necesitan discursos sobre la igualdad, necesitan que el Estado actúe donde la igualdad todavía no llega.
La igual dignidad es también un límite, incluso frente a quien ha roto la ley. La Convención Americana lo establece sin ambigüedad: «Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano». En la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, el Papa pidió que la prisión sea «una oportunidad para empezar de nuevo». Hoy que el miedo y la sed de venganza ganan terreno, ese recuerdo es un llamado a la inteligencia. Las cárceles sin luz, sin agua o sin alimentos y sin esperanza no nos hacen más seguros. Solo muestran que todavía no hemos aprendido a enfrentar el crimen asumiendo la dignidad como un límite que nos imponemos a nosotros mismos. La visita del Papa es también, en este sentido, una poderosa invocación a la inteligencia humana para su autogobierno.

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