60 días, la gran continuidad, por Juan De La Puente

A 60 días de iniciado el gobierno no hay manera de ignorar que es la continuación del régimen que administró el país entre diciembre de 2022 y julio de 2026. Este dato, sin embargo, es el segundo en importancia visto con una cartografía de larga duración. El primer dato continúa siendo que tanto la instalación del régimen híbrido 2022-2026 como el ajustado triunfo de Fuerza Popular denotaron el fin de la democracia peruana, en el primer caso su hundimiento, y en el segundo la reiteración de esta decadencia.

Las fuerzas democráticas se prepararon para la reelección del régimen híbrido, cierto, pero no estaban preparadas para que la continuidad sea casi total y cubra la mayoría de espacios y quehaceres gubernamentales. Hubo poca conciencia de que la continuidad es lo único que puede producir un régimen que solo pudo quedarse en el poder a costa de decenas de muertos, que evitó agónicamente una implosión generalizada y que llegó exhausto al fin del proceso electoral.

En el mejor de los casos, hubo una visión matizada que estimó que el nuevo gobierno tenía la capacidad de innovación para producir una especie de borrón y cuenta nueva y, al mismo tiempo, dejar intacta y servirse de las estructuras del régimen que se impuso de modo cruento. El gobierno contribuyó a esta percepción con el discurso relativamente exitoso de que estaba recibiendo un país destrozado.

Nada de eso ha sucedido. La continuidad es virtualmente absoluta, y aunque existe la posibilidad de giros tecnocráticos neoliberales con distintos grados de autoritarismo, el que Fuerza Popular prometió en la campaña electoral, son cada vez menos probables esos desenlaces innovadores de lo que ahora se tiene como administración del Estado. Cualquier giro neoliberal autoritario sería gemelo del autoritarismo del periodo Boluarte y, aunque se multiplique por varias veces, no se alejaría de ese referente.

La pregunta es cómo asumir la cuestión de la gran continuidad como un hecho concluyente y cómo relacionarla con el primer dato de la realidad, de que esa continuidad sigue haciendo del régimen actual uno no democrático.

Ahí se ubican las primeras dificultades porque el trabajo realizado, especialmente de modo personal por la presidenta, hasta poco antes de su viaje a EE. UU. -por estrategia o por intuición- rebajó varios grados de radicalidad y ferocidad a la nueva administración complementado con un gabinete que expresaba una mayor amplitud de la que se presumía. También es probable que los recientes discursos de la presidenta, hasta ahora un giro narrativo, intenten ser convertidos en realidad, aunque para ello la gran continuidad tendría que asumir la fisonomía de un gran continuismo feroz.

En cualquier caso, la rebaja de radicalidad y ferocidad que se le presumía al nuevo gobierno genera un momento en el que se discute de modo intenso casi todo y muy poco la esencia antidemocrática del gobierno. Las oposiciones también se han dejado llevar por la normalización de la gran continuidad, tanto aquellas cuyo programa mínimo incluía la recuperación de la democracia como las que creen que pueden desempeñar el papel de bisagras con el Ejecutivo.

De acuerdo con lo señalado, se hace necesario no sólo revisar la naturaleza del gobierno, sino también el papel de las oposiciones. En la primera vuelta el Perú votó mayoritariamente contra el pacto parlamentario y en la segunda vuelta, en volumen de votos, la mitad del país votó por una política que pugna por superar el estado de cosas de la República Obscena: las instituciones capturadas, las reglas constitucionales autoritarias, las leyes antidemocráticas y la economía mercantilista, para instalar un régimen democrático, deliberativo e íntegro. Las oposiciones no recibieron un mandato continuista o de mejora continuista, sino de democratización.

En los 60 días de gobierno se sucedieron o agruparon por lo menos nueve pequeñas coyunturas, demasiadas en poco tiempo: el pedido de delegación de facultades, la transformación del LUM, las movilizaciones fuera de Lima por el alza de combustibles y pasajes, las amenazas de paro transportista en Lima, los sucesos de Trujillo a inicios de setiembre, el Escudo de las Américas y la visita de Rubio, los asesores ad honorem y el caso Cerimedo, la interpelación al ministro del Interior y el escalamiento del crimen, y el viaje a Nueva York.

Las oposiciones no recuperaron la palabra en todas estas coyunturas a pesar de que enviaban el aviso sobre el carácter no democrático del gobierno. La delegación de facultades y la escalada del crimen han ocupado entendiblemente la mayoría de sus actividades, y aún en esos casos las oposiciones perdieron la oportunidad de presentarle al país sus innegociables, por ejemplo incorporar en la delegación de facultades como condición indispensable la supresión de las leyes pro crimen y de impunidad.

La relación principal de las oposiciones es con el gobierno y con los grandes medios de comunicación aliados y sostén del gobierno, y solo de modo secundario con la sociedad. Le han arrebatado la agenda al gobierno y minimizado su iniciativa, cierto, pero han hecho de esa agenda un picadillo de temas y convertido en una composición temática.

En las últimas semanas las oposiciones han cedido en la agenda grande, la gran agenda política del país que es la recuperación de la democracia, una demanda presente en todas las coyunturas de los 60 días de gobierno. Salvo excepciones personales cada vez más visibles, la política democrática es mediática o principalmente mediática, de modo que los opositores caen en el juego de los grandes medios orgánicos al poder que los tildan de obstruccionistas al mismo tiempo que los insultan, se burlan de su inexperiencia -solo de la inexperiencia opositora porque la inexperiencia de la oficialismo es pasada por alto- adulan y seducen a los posibles tránsfugas, investigan los conflictos de interés de los paramentar sino de los ministros  y colocan debajo de la alfombra los temas más importantes vinculados a la democracia.

Aceptar y someterse al framing del rival ya tiene sus costos. La última encuesta de IEP deja mal parado al Parlamento que, considerando los votos en la primera y segunda vuelta, debería ser el centro de la recuperación de la democracia. En cambio, se aprecia una gradual subordinación de la agenda democrática original resultado del desplazamiento temático. En la experiencia peruana estos movimientos terminan en dos procesos, el mimetismo político o pérdida de la identidad por la que votaron los electores de los grupos que deberían honrar ese mandato desde la oposición, y la domesticación parlamentaria, un proceso al que asistimos en vivo y en directo entre 2022 y 2026 y que llevaron a la pérdida de inscripción electoral del grupo de izquierda que pactó con la ultraderecha (Perú Libre) y de los partidos del llamado centro político (APP, Somos Perú, AP, Partido Morado).

En su diversidad, la oposición tendría siempre que recuperar la palabra como un inicio de la recuperación del cambio. Además, se trata también de recuperar el país o de emprender esa tarea. De lo contrario, la gran continuidad que opera en el ámbito del gobierno también operará en el ámbito de los grupos democráticos que accedieron al ejercicio del poder parlamentario prometiendo recuperar la democracia.