La humanización del poder público, por Marianella Ledesma

Ejercer la presidencia de la república no implica gobernar solo para sus electores sino para toda la nación; el texto de la Constitución expresamente así lo señala (art. 118).

Se ha iniciado una nueva etapa de gobierno y Fujimori hija ha dirigido su mensaje a la nación, en la que ha omitido pronunciarse como jefe de Estado, sobre las cincuenta personas asesinadas en el sur del país, a raíz de las protestas sociales. El ejercicio del poder debe partir del reconocimiento del ser humano como el centro de toda decisión pública. Es un tema pendiente por abordar, y no es el único, pues en esa lista están los casos de Inti Sotelo, Jack Bryan Pintado y Eduardo Mauricio Ruiz (Trvko), casos que buscan que el Estado cumpla con su deber de investigar de manera seria, célere, imparcial y efectiva.

Hay un mandato constitucional, con el que inicia la Constitución Política, que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

 La dignidad que humaniza el poder

En el lenguaje común se asocia la palabra dignidad con el comportamiento, con el orgullo o el amor propio, pero, la Constitución Política no se refiere al comportamiento de una persona, sino a su valor como ser humano. Dicho en otras palabras, dignidad implica que una persona vale por el simple hecho de existir, no porque sea buena, inteligente, rica o porque siempre haga las cosas bien.

El Tribunal Constitucional sostiene que la dignidad humaniza el ejercicio del poder porque exige que las decisiones del Estado mantengan siempre visible al ser humano concreto sobre el cual producen efectos. (Exp. N.º 02273-2005-PHC/TC)

La dignidad humana no solo exige respetar la vida de las personas cuando están vivas; también exige tratar con respeto a quienes han perdido a un ser querido. La empatía de un presidente es una forma de reconocer que cada vida tenía un valor y que el dolor de las familias merece ser escuchado y atendido; sin embargo, nada de ello ha ocurrido. Con ese pasivo latente se pretende construir la reconciliación sin hacer ningún gesto que revierta esa indiferencia desde el Estado. La dignidad humana no solo fundamenta los derechos fundamentales; también constituye un principio de humanización del poder público, en virtud del cual toda actuación estatal debe reconocer al ser humano como el centro y la razón de ser del Estado. 

Hay que ver el rostro del otro

Si la persona es el fin supremo, una reacción de indiferencia frente a la pérdida de vidas sería difícil de conciliar con ese mandato constitucional; no se puede continuar con indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas. Ser empáticos no significa aceptar responsabilidades jurídicas antes de una investigación. Significa reconocer que unas familias han perdido a sus seres queridos y que su dolor merece respeto y consideración. En una democracia, el liderazgo no solo consiste en tomar decisiones; también implica acompañar a la población en momentos de tragedia, mostrar humanidad y contribuir a la reconciliación social.

Cuando muere una persona en un conflicto social, no desaparece únicamente un cuerpo. Desaparece: una madre, un hijo, un músico, un médico, un estudiante, un proyecto de vida, una historia irrepetible. Eso es precisamente lo que la dignidad obliga a reconocer. Lévinas decía frente a ello, que la ética comienza cuando vemos el rostro del otro. ¿Qué significa? Que antes de ver un número, un expediente o un enemigo, debemos ver un ser humano. El pensamiento de Levinas dialoga con lo que dice el artículo 1 de la Constitución. Por ello, tiene sentido que el eje central de toda la organización sea la persona, y corresponde al Estado crear las condiciones para que desarrollen plenamente sus capacidades humanas.

No se trata de cerrar un ciclo político, de cerrar el paréntesis abierto hace 26 años, con esta nueva gestión; se trata de cerrar un ciclo institucional en el que las víctimas de la violencia no han recibido el reconocimiento, la verdad y la empatía que exige el principio de dignidad humana, ciclo que aparentemente no será tarea ni preocupación de esta gestión.

El mejor gobernante no solo hace crecer la economía o mantiene el orden público, es el que nunca pierde de vista que detrás de cada decisión hay personas concretas, con nombre, historia y familias que requieren una respuesta del Estado.

Quizá el mayor desafío del Perú no sea únicamente mejorar sus instituciones, sino recuperar el real sentido del artículo 1 de la Constitución, esto es, comprender que el Estado existe para la persona y no la persona para el Estado.

Cuando un gobierno es incapaz de reconocer el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos, la promesa constitucional de la dignidad humana queda incompleta. Por el contrario, cuando un líder coloca a la persona en el centro de sus decisiones, escucha a las víctimas y reconoce su sufrimiento, la Constitución deja de ser un texto y comienza a convertirse en una realidad vivida. Ese es el horizonte al que debería aspirar toda democracia constitucional.