
Queda exactamente un mes para que el 5 de setiembre queden inscritas de manera definitiva las candidaturas para las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre. Es una fecha que los ciudadanos y las organizaciones políticas deben tener presente, porque lo que ocurra en las próximas semanas determinará la oferta electoral con la que el país llegará a las urnas. Y lo que ocurre hoy en Lima es una señal de alerta que no puede pasar desapercibida de los peruanos.
Luis Rubio Idrogo presentó su renuncia irrevocable a la candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, un día antes del vencimiento del plazo para retiro de candidaturas. El plan es conocido. Rafael López Aliaga, impedido constitucionalmente de postular a la reelección inmediata como alcalde, inscribió su candidatura como primer regidor en la lista encabezada por Rubio. Si esa lista gana las elecciones y el alcalde electo renuncia, López Aliaga asumiría la alcaldía sin haber pedido ese cargo en las urnas. Es decir que sin que Lima lo haya elegido para ese puesto.
Los limeños ya conocen la gestión de López Aliaga. La abandonó en octubre de 2025, antes de completar su mandato, para postular a la presidencia, pese a haber prometido en 2022 que no lo haría. La ciudad que dejó tiene obras paralizadas, un endeudamiento millonario de la comuna y un tránsito sin solución estructural. Ahora busca regresar al sillón municipal por la puerta de atrás, usando como instrumento la renuncia de un candidato que apenas duró semanas en la lista.
López Aliaga debe dejar de burlarse de las instituciones
El JNE tiene la responsabilidad de examinar con rigor si esta maniobra cumple el espíritu de la ley electoral o solo su letra. Las normas existen para garantizar que los ciudadanos elijan a sus autoridades con pleno conocimiento de quién va a gobernarlos. Usarlas para eludir ese principio es un abuso que los organismos electorales tienen la obligación de nombrar como tal y ponerle freno.



